Consultado por Efe sobre el debate surgido en torno al modelo de las autonomías y su posible revisión o reforma, Rodríguez de Miñón ve en esa "segunda transición" que proponen algunos un "salto al vacío" que "ni siquiera quienes los propugnan sabrían como llenar".
"Los aprendices de brujos son muy peligrosos, y si son brujos, mucho más", advierte uno de los redactores de la Constitución de 1978.
Recuerda que él se opuso a la generalización y homogeneización de las autonomías porque no resolvían los problemas, sino que, por el contrario, "los multiplicaba y ponían las bases de reivindicaciones emulativas permanentes".
A pesar de que la historia no puede dar marcha atrás porque no es posible "desmontar" algo que ya ha arraigado en la ciudadanía, este jurista entiende que sería bueno ajustar más a la realidad el sistema autonómico.
Un ajuste que, a su juicio, debería hacerse en dos direcciones. Por un lado, es necesario dotar de mayor autogobierno a las que Rodríguez de Miñón denomina "identidades calificables como nacionales".
Tal es el caso de Cataluña, Euskadi, Navarra y Galicia, que deben desarrollar una relación "prácticamente bilateral" con el Estado. "Esa relación -dice- ya existe de hecho, por la fuerza normativa de los hechos, y sólo falta sacarla a la luz y darle estabilidad".
Por otro lado, todas las comunidades deberían hacer "un esfuerzo de continencia institucional", subraya Rodríguez de Miñón, para quien es "absurdo" que se copien unas a otras y todas repitan las instituciones estatales.
"¿Hacen falta 17 defensores del pueblo, 17 consejos consultivos u otros tantos tribunales de cuentas u órganos de defensa de la competencia?", se pregunta este "padre" de la Constitución convencido de que los partidos políticos deberían servir, al menos, para garantizar unos criterios de contención.
De todos modos, Rodríguez de Miñón ve irreversible el Estado autonómico y cree que las comunidades han producido "beneficios" y han transformado "lo que era 'provinciano' en 'provincial'".
Respecto a algunas críticas al "despilfarro" de las autonomías, el jurista asegura que todas las administraciones despilfarran, incluidos los ayuntamientos, que también son "sumideros" de recursos.
Sin embargo, subraya que esta cuestión no se resuelve con una ley, que puede cambiarse cuando al legislador le convenga, sino que es necesario un sistema de corresponsabilidad fiscal y "mayor respeto al dinero ajeno, empezando por el dinero público".
"No es una cuestión de técnica legislativa, sino de ética política", resalta.
Sobre las diputaciones provinciales y su continuidad, Rodríguez de Miñón diferencia tres tipos de entidades en España: En Cataluña, donde la división provincial "fue y es una técnica de 'descuartizamiento', las diputaciones sobran".
En el País Vasco, por el contrario, son la "clave política" del sistema institucional, además de haberse mostrado "eficaces" en su gestión, por lo que atentar contra ellas sería "un disparate", continúa el experto constitucionalista.
La provincia mantiene "un notable arraigo" en el resto de España, si bien a Rodríguez de Miñón le parece "disfuncional" mantener tres niveles institucionales -ayuntamientos, diputaciones y autonomías- diferenciados y separados.
"En vez de triplicar las estructuras, deberían imbricarse más", concluye.