Entre ellos, se encuentra Santiago Sánchez, propietario de la empresa Sonilpro, especializada en equipos de sonido y montajes de espectáculos. El Ayuntamiento llegó a contraer con él, desde 2004, una deuda que rondaba los 352.000 euros. Aún le quedan por cobrar conciertos que organizó para la Delegación de Juventud y para la Fundación Municipal de Cultura, torneos de balonmano o la concentración motera de 2009. Algunas facturas se remontan a 2006.
Actualmente, después de reclamar de forma diaria su dinero, ha logrado reducir la deuda a alrededor de 60.000 euros. Sin embargo, ahora trabaja solo, después de haber tenido que despedir a 23 empleados.
Junto a Santiago, son muchos los empresarios que componen la plataforma. A uno se le adeudan 480.000 euros en trabajos de pintura; y a otro 320.000 euros de la construcción. El resto prefiere mantener el anonimato, “por miedo a no cobrar nunca”. La principal reclamación realizada por la plataforma se sustenta en la discriminación de la que aseguran que son objeto, ya que ven como a otros proveedores sí se les paga.
Este diario contactó con el viceinterventor del Ayuntamiento de Algeciras, ya que el interventor, Antonio Corrales, se encuentra de baja. Este explicó que los criterios para determinar el pago no dependen de Intervención, sino, en todo caso, del tesorero municipal, que es quien asesora al alcalde. Tras contactar con el tesorero municipal, este aseguró que los funcionarios, en todo caso, pueden realizar informes y recomendaciones, pero que la decisión y el criterio de pago procede, en última instancia, del alcalde, Diego Sánchez Rull.
Este diario ha intentado, sin éxito, conocer el criterio que se aplica para determinar el pago a los proveedores. El alcalde no quiso contestar a las críticas vertidas por la plataforma, al asegurar que el Ayuntamiento no tiene constancia de que existe dicha organización legalmente constituida, ni de que se hayan dirigido al Ayuntamiento para expresar sus inquietudes. “Hay prioridades”, señala Santiago Sánchez, que puso de manifiesto que “si me deben dinero a mi, cómo pueden llamar a otro empresario para que le haga el mismo trabajo”.
A ello, los empresarios de la plataforma consultados por este diario añaden también la dificultad de ser atendidos por los funcionarios municipales encargados de agilizar el pago a los proveedores.
Uno de ellos explica cómo pidió una cita para ser atendido por Juan Barranco en 2007, y todavía no lo ha logrado. Su problema era que le habían embargado 800 euros en concepto de impago de impuestos municipales, cuando el Ayuntamiento le adeudaba más de 300.000 euros. Finalmente, consiguió que un funcionario le solucionara el problema, pero introduciendo dicha cantidad en otra factura a cuenta del Consistorio. Muchos de ellos coinciden en señalar que lograron percibir una parte de lo que se les adeudaba a base de insistir de forma constante en diversas reuniones a lo largo de los meses, algunas de ellas directamente con el alcalde.
“Te lo voy a mirar”, era entonces el único compromiso que arrancaban de dichos encuentros. La solución, para la mayoría de estos empresarios, ha sido el juzgado, iniciando contenciosos administrativos contra el Ayuntamiento que sí les han permitido reducir parte de la deuda que almacenaban con los años.
Sin embargo, todo los que recurrieron en su día a la Justicia tienen el denominador común de haber dejado de recibir llamadas del Ayuntamiento para contratar sus servicios o para interesarse por la situación de su deuda.
Una situación exclusiva en la comarca
Los integrantes de la plataforma de proveedores discriminados por el pago del Ayuntamiento aseguran que la situación que llevan sufriendo en los últimos años sólo se ha registrado en Algeciras, ya que en otros municipios han cobrado de forma íntegra todos sus servicios. Así lo asegura uno de los empresarios de la plataforma, que afirma que lleva veinte años realizando servicios para el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, sin que se haya producido ningún problema por impago prolongado en el tiempo.
Incluso, algunos de los empresarios de la plataforma algecireña aseguran haber prestado servicios en los últimos años a ayuntamientos como Los Barrios o La Línea, que llevan arrastrando problemas de impago de grandes dimensiones, que afectan a las propias nóminas de los trabajadores.
En estos casos, señalan que, cuando empezaron a dejar de pagar como consecuencia de la crisis económica, esperaron un tiempo hasta que cobraron sus deudas, sin que se volviera a producir el problema, al no requerirse más sus servicios. “El único ayuntamiento al que he tenido que llamar durante mucho tiempo para que me pagaran mis servicios es el de Algeciras”, señala Santiago Sánchez, propietario de Sonilpro, que pone de manifiesto que estos problemas comenzaron a producirse a partir de 2004.
Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Algeciras, a diferencia del de Los Barrios o La Línea, sí asegura mensualmente todas las nóminas, “pero eso es gracias a que no nos pagan lo que nos deben”, aseguran desde la plataforma PYPA.
