Así lo asegura en un documento que ha hecho público en el que resume las conclusiones de la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la primera que se produce tras la renovación los cargos efectuada en la pasada asamblea.
Según informa en un comunicado, los obispos han estudiado el proyecto de ley, que el Gobierno ha remitido ya al Congreso para su tramitación, y han aprobado una Declaración que se publicará íntegramente el próximo lunes 27.
En la misma, se recuerda las numerosas ocasiones en las que "han hecho oír su voz" para anunciar el evangelio de la vida, según el cual "la vida de cada persona es sagrada, también cuando es débil, sufriente, o se encuentra al final de su tiempo en la tierra".
En el texto, que lleva por título Declaración con motivo del "Proyecto de Ley Reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida", los obispos creen que el proyecto de ley emplea una "definición reductiva del concepto de eutanasia".
Así, entienden que con él "se deja la puerta abierta a ciertas omisiones voluntarias que pueden causar la muerte o que buscan de modo directo su aceleración".
En este contexto, señala algunas "conductas eutanásicas" a las que se daría cobertura legal como, por ejemplo, la posible sedación inadecuada, el abandono terapéutico o la omisión de los cuidados debidos.
La Declaración episcopal se muestra crítica también con el trato que recibe en la Ley el derecho humano fundamental de libertad religiosa, con el hecho de que los profesionales de la sanidad queden prácticamente reducidos a ejecutores de la voluntad de los pacientes y con que no les sea reconocido el derecho a la objeción de conciencia.
Por último, el texto vuelve a proponer un modelo de Testamento Vital, acorde con la Doctrina Católica, que es una redacción actualizada del que ya ofreció en su momento la Conferencia Episcopal Española.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 10 el proyecto de Ley reguladora de derechos de la persona hacia el proceso final de la vida, para asegurar la protección de los enfermos que se encuentran en caso terminal y garantizar en esos momentos el pleno respeto de su libertad en tratamientos que tengan que recibir.
Ahora lo ha remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación antes de su aprobación definitiva.
