En declaraciones a los periodistas en Almonte (Huelva), antes de presidir la reunión del Consejo de Participación de Doñana, el consejero dijo de la supuesta estafa en el centro de cría –cuya empresa gestora falseaba datos que justificaran el éxito de su labor para seguir cobrando subvenciones de la Junta– que ya se ha pedido la personación en el procedimiento, que será efectiva cuando el juez lo considere. “Nos sentimos perjudicados, engañados y víctimas”, manifestó Díaz Trillo, al tiempo que resaltó que se trataba de un programa en el que no sólo participa su departamento, sino instituciones tan “respetables y solventes” desde el punto de vista científico como el CSIC, la Fundación Migres, o la Estación Biológica de Doñana y “excelentes” técnicos y trabajadores.
Todos ellos, destacó, han hecho posible que el programa de recuperación del águila imperial esté dando “notables” resultados con una especie que hace 10 años estaba en peligro de extinción y se ha logrado duplicar el número de parejas pasando de 30 a 61.
El consejero consideró que se trata de un asunto de “extrema gravedad” y aseguró que se llegará hasta el final, de la mano de la investigación tanto policial como judicial, para que “se aclare cuanto antes y no perjudique a ese gran programa de recuperación”.
Por último, resaltó la colaboración “extraordinaria” de los técnicos del CREA y de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla con la investigación, en la que la Consejería quiere participar “de forma activa” y manifestó que su departamento “no ha sospechado” en ningún momento que algo estuviera pasando, si no se hubiera actuado “inmediatamente”.
Por otro lado, las organizaciones SEO/BirdLife, WWF y Ecologistas en Acción han anunciado que también se personarán como acusación popular en el caso contra la red dedicada al expolio de aves rapaces.
Las organizaciones felicitan al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil por la operación en la que se ha desmantelado, en principio, la trama más grande de expolio de nidos de aves rapaces hasta la fecha.
Las tres ONG han recordado que el expolio de nidos de aves rapaces y el tráfico con ellas o con sus restos, es un delito tipificado en el artículo 334 del código penal que puede implicar penas de prisión e inhabilitación especial para profesión u oficio.
