El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid había citó ayer a las dos partes –familia y aseguradoras– para intentar alcanzar un acuerdo que evitara llegar a un nuevo juicio, después de que no se alcanzara un consenso en el primer acto de conciliación celebrado el pasado 28 de abril.
El acuerdo firmado ayer, con el que se pone fin a este caso tras 22 años, estipula que se indemnice con 1.075.000 euros a la familia entre todas la aseguradoras demandadas por la atención que se prestó a Antonio Meño durante una operación de estética de la que salió en coma y sufrió secuelas irreversibles, según explicó uno de los abogados de la familia, Gustavo Izquierdo.
Además la familia no tendrá que sufragar ningún gasto derivado del largo procedimiento judicial, en el que había sido reiteradamente condenada a pagar las costas.
El letrado sostuvo que “la satisfacción es relativa” porque “nadie va a arreglar el problema de la familia”, aunque destacó que “se suele decir que lo mejor es el enemigo de lo bueno” y en este caso se ha optado por “lo mejor posible”.
“Alguien puede decir que han vendido a su hijo, pero nosotros creemos que, en acertada expresión, han comprado tranquilidad”, dijo.
En cuanto al hecho de que la indemnización que va a recibir la familia ahora es similar a la que se le ofreció hace 20 años, el abogado explicó que “si quieres que cuente el tiempo tendrás que jugártelo a un procedimiento judicial en el que a lo mejor cuenta el tiempo o a lo mejor cuentan otros factores”.
Al salir del juzgado, la madre de la víctima, Juana Ortega, reconoció, entre lágrimas, que se ha llegado a un acuerdo “miserable” con el que se siente “muy mal, prácticamente humillada”, pero no tiene “fuerzas para seguir adelante” y enfrentarse a otro proceso durante diez años, por lo que ha hecho caso a los abogados. “Hoy voy tener un día muy malo, voy a ver si soy capaz de mentalizarme con lo que hemos hecho, porque el pensamiento de mi marido y el mío es que hemos vendido nuestra dignidad”.