El presidente de la asociación de vecinos Barqueta-Renfe, Bernabé García, ha informado a Europa Press de que fue el pasado 6 de julio cuando "el último" de los vecinos afectados retornó a su domicilio, por lo que "todos los afectados están ya en sus casas". Durante el periodo en el que los aproximadamente 180 afectados han permanecido fuera de sus viviendas, todo ello a cuenta de los riesgos derivados del desplazamiento de la citada grúa pluma, la Universidad de Sevilla ha financiado los contratos de alquiler formalizados para realojar a cada una de las familias de forma provisional.
Bernabé García ha celebrado que todos y cada uno de los vecinos afectados hayan regresado a sus hogares, pero al tiempo ha advertido de "problemas y quejas" en cuanto a la "terminación" que presentan las viviendas de este colectivo una vez sometidas a las labores de recuperación y restauración arquitectónica promovidas para restablecer su integridad y seguridad. Y es que el desplazamiento de la citada grúa pluma, instalada para construir un aparcamiento subterráneo de cuatro niveles de cara a la creación de la nueva facultad de Farmacia junto a estos edificios, había motivado el surgimiento de fisuras y grietas en estos bloques de viviendas.
CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
García, de cualquier modo, ha anunciado que la nueva delegada del distrito Macarena, Evelia Rincón (PP), ha comunicado al colectivo de afectados que su intención es convocar "a final de mes" la comisión de seguimiento creada entre la Gerencia de Urbanismo, la Universidad de Sevilla, el distrito y los representantes de los afectados para supervisar la rehabilitación de las viviendas y el realojo de las familias.
Las familias, no obstante, han formulado a título individual reclamaciones por daños y perjuicios valoradas en una cuantía de 6.000 euros ante la Universidad Hispalense y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Tales reclamaciones, como había señalado Bernabé García, constituyen una garantía para que los afectados gocen de derecho a recurrir ante la Justicia en el caso de no quedar satisfechos con la restitución de sus viviendas y las condiciones de habitabilidad.