En declaraciones a Europa Press, la vicepresidenta de la Diputación y diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a los Municipios, Pilar Parra, ha explicado que en materia de atención financiera se viene trabajando desde hace meses, de modo que la primera medida fue impulsar el pasado julio un cuestionario en las 97 localidades sobre el estado de las respectivas liquidaciones y tener así un "diagnóstico" global. Además, se informó sobre las consecuencias que podría suponer no tener a tiempo los datos, tal y como establece el artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible.
La segunda medida, según ha añadido, fue convocar el día 30 de septiembre a los 17 municipios que no habían cumplido la obligación legal, que son Albanchez de Mágina, Aldeaquemada, Begíjar, Bélmez de la Moraleda, Campillo de Arenas, Castillo de Locubín, Fuensanta de Martos, Higuera de Calatrava, Jamilena, Jimena, Marmolejo, Mengíbar, Navas de San Juan, Noalejo, Orcera, Sorihuela del Guadalimar y Torres de Albánchez.
"Se les convocó para estudiar cada caso concreto y a través de asistencia técnica resolver la situación", ha destacado Parra, quien ha señalado que los problemas son de diferente naturaleza y "son muy pocos los que no podrán solventarlos en un breve periodo de tiempo".
De esta forma, en varias localidades el problema "ha sido simplemente el no utilizar la oficina virtual del Ministerio de Economía y Hacienda", de modo que habían cerrado las liquidaciones en formato papel. En estos ayuntamientos, "la solución es fácil", al igual que en aquellos que cerraron los datos, pero no pudieron presentarlos por problemas informáticos. Personal técnico de la Diputación les prestará apoyo en ambas tareas. Otros municipios contaban con los datos, pero no elaboraron el cierre, por lo que también recibirán "orientación" para hacerlo.
DIFICULTADES COMPLEJAS
Frente a estos consistorios, las "dificultades más complejas" se dan en los que "no han contabilizado las facturas" correspondientes al ejercicio pasado, aunque también existen distintos escenarios. En este punto, ha aludido a la ausencia de un secretario-interventor, por lo que otra una persona se encargaba de esta labor que está sin terminar. "Hay, de hecho, un caso en el que se ha otorgado una subvención para que una empresa haga esta tarea de día a día de contabilizar e introducir los datos", ha señalado.
En otros ayuntamientos, "aun contando con esa figura no se ha hecho" ese trabajo, según ha afirmado Parra, quien ha comentado que el secretario-interventor está habilitado para este tipo de menesteres y, a pesar de que no tenga que realizarlas personalmente y pueda ser función de personal administrativo, "sí tiene que velar por que se cumplan los procedimientos legales".
Así las cosas, la diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a los Municipios ha estimado que la mayoría de los consistorios a los que se ha retenido su participación en los PTE correspondiente a octubre podrán resolver en poco tiempo las incidencias, lo que permitirá desbloquear el pago, frente "a cuatro o cinco" que presentan mayores dificultades y tendrán que esperar más para poder contar con esos fondos.