También reconocen que a raíz de conocerse la sentencia (la filtración, aunque muchos la tienen en sus manos) se ha actuado con demasiada profusión por parte del Consistorio en la toma de decisiones que afectan al Planeamiento y a ciertos proyectos que suponen carga de trabajo para el sector, aunque los grandes proyectos se hayan quedado parados a la espera de acontecimientos.
No obstante, defienden -porque va en ello sus intereses y aquí los intereses están en el argumentario de todas las partes en conflicto-, que la actitud “positivista” del Gobierno municipal concediendo licencias antes de que la anulación del PGOU llegue oficialmente al Ayuntamiento, supone que la actividad no se paralice por completo y haya “trabajo en la calle para los que vivimos del ladrillo, que somos muchos”.
La sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de este año no ha entrado oficialmente en el Ayuntamiento, por lo que sigue en vigor el PGOU aprobado. El Gobierno ha seguido aprobando proyectos y sancionando amparados en la LOUA o las NNSS. No sería la primera vez que llegado el caso se diera por buena la fecha de emisión de la sentencia, antes que la de la recepción de la misma. Sobre todo si las demandas de perjudicados demuestran el uso de normas de distintas vigencias en procedimiento similares incoados desde el Ayuntamiento y en el mismo periodo de tiempo.
En contra
Esta actitud del Gobierno municipal, sin embargo, no es entendida por otras partes en conflicto que ven ese “positivismo” al que aluden los profesionales de la construcción -se habla de arquitectos y peritos consultados por este periódico- como una falta de criterio a la hora de actuar que puede dar lugar a actuaciones discriminatorias.
La AVV Las Lagunas ya ha dejado claras sus dudas sobre la forma de actuar del Gobierno municipal que hace caso omiso a la sentencia del 31 de mayo por la que el Tribunal Supremo anula el PGOU, aunque la Junta de Andalucía permita ese camino intermedio -más largo de lo que se creen algunos- a través del mecanismo de las llamadas Normas Transitorias Urbanísticas en tanto se aprueba un nuevo Plan General.
Para esta entidad, el problema es el “mar de dudas” en que está sumida la ciudadanía afectada por procesos urbanísticos de cualquier tipo que ve cómo unas veces las decisiones se toman amparándose en las Normas Subsidiarias de 1987 y otras en el PGOU anulado, pero cuya anulación no es reconocida por el Ayuntamiento.
El problema que ve esta asociación no es sólo el que se derive a título particular sobre los destinatarios de las decisiones, sino algo más importante para el conjunto de la ciudad. Este “auténtico embrollo resta toda seguridad jurídica a cualquier inversor y provoca un agravio comparativo entre actos sancionados y actos permitidos, ambos amparándose en la misma legalidad”.
Es ahí cuando salen a relucir hechos pasados sobre actuaciones municipales. “¿Cómo se atrevieron los ediles del PP en 2007 a remitir a la Fiscalía 1.717 expedientes con sanciones urbanísticas y ahora son ellos mismos los que precisamente se obstinan en incumplir la legalidad urbanística, en este caso, la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo? ¿Deberían los ediles del Gobierno Local comparecer ante la Fiscalía y declararse infractores?”, dicen desde la AVV La Laguna, obviando el argumento que, por contra, utiliza el Gobierno local para mantener la actividad urbanística.
Más en contra
Por los mismos derroteros se mueve el Partido Vecinal Regionalista (PVRE) que cuenta con dos representantes en el Ayuntamiento fruto, precisamente, de la fuerza que tienen las entidades formadas para plantarle cara a las administraciones y conseguir una solución de borrón y cuenta nueva que no llegó a conseguir aquella Plataforma de la que se desgajaron.
El PVRE ya anunció que el próximo Plan General deberá ser consensuado con todos los partidos políticos y Federaciones, de lo contrario, este equipo de gobierno, se encontrará con una oposición total, pues serían muchos los afectados, algo en lo que también incide la La Laguna amparándose en artículo 6 de la LOUA en el que se habla de participación ciudadana.
Además, y lo más grave para PVRE, es que se corre el riesgo “de ir a un cuarto Plan General no aprobado”, por lo que debe haber consenso total, previo estudio real de la situación urbanística de Chiclana”. Una realidad extremadamente complicada.
“Mucho nos tememos que el camino que está tomando Urbanismo no es el idóneo, creemos que peor que no hacer nada, es engañar y, mucho peor, las dos cosas”, dice el Partido Vecinal, que considera primordial que se conozca cuál será el futuro de Los Llanos, Pago Melilla y otras zonas pobladas de Chiclana y que al día de hoy siguen hasta sin luz eléctrica, amén de las que están apercibidas de fuertes multas o la demolición en caso de no pagar.
En ese frente -el de los 1.700 expedientes- está la Asociación de Vecinos Afectados por las Sanciones Urbanísticas, ya en periodo ejecutivo y algunas de las cuales suponen cuantías que van desde los 800.000 a los 300.000 euros. Son concientes de que tienen que hacer frente a las sanciones pertinentes, lo que no entienden es qué criterios se han aplicado en cada caso.
La cuantía, además, es inasumible para la mayoría a los que irán llegando los requerimientos, por lo que han decidido pasar a la acción y convocar una concentración ante el Ayuntamiento el martes 18 a las 11.30 horas.
Desde el Ayuntamiento han respondido que no tienen margen para actuar porque la tipificación y cuantía de las infracciones las dicta la Junta. Desde la Asociación dice que fue el Ayuntamiento el que incoó tales expedientes en el año 2007, por lo que no se creen los argumentos del delegado municipal de Urbanismo, Andrés Núñez.
No habrá nuevo PGOU de aquí a dos o tres años
Al día de hoy y mientras no quede notificada por cauce legal la sentencia del Tribunal Supremo, el PGOU de Chiclana sigue -supuestamente- estando en vigor.
Una vez que llegue la sentencia, las Normas Subsidiarias de1987 volverán a estar en vigor pero tendrán que ser adaptadas a la LOUA,que incluye, entre otras, la obligacion de dotar a los suelos con al menos el 30 por ciento de viviendas protegidas.
Sin embargo, ésta sí que debe de ser una situación “transitoria”, por cuanto esta adaptación seguiría los cauces de aprobaciones parecidos a los de un PGOU, que pueden ser varios años, por lo que puede ser mejor y más rapido aprobar la revisión del PGOU en marcha cuya aprobación inicial se espera para diciembre.
Mientras se espera que la nueva revisión del PGOU se apruebe inicialmente, provicionalmente y definitivamente -lo que no ocurrirá antes de tres años, siendo muy optimistas- es necesario un documento transitorio, que es el que está redactando la Junta de Andalucía.
Este documento no podrá suplir un PGOU completo, “aunque si los técnicos de la junta se quisieran ‘mojar mas’, casi que sí podría ser muy completo”, dicen arquitectos consultados por este periódico.
Lo que se teme, sin embargo, es que se quede en establecer las normas para el suelo urbano consolidado; es decir, a aquellos suelos que tengan la urbanizacion terminada y dispongan de todos los servicios y suministros, y no a los no consolidados, que son los que incluyen las parcelas de todas estas asociaciones que piden claridad y celeridad. Éstas, seguramente, tendrán que esperar al nuevo PGOU.
Sin embargo para estos afectados por errores propios y ajenos puede ser una etapa ideal para intentar alegar en sus distintas aprobaciones y mejorar y abaratar su proceso urbanizador solicitando menos edificabilidad, parcelas mínimas a 500 metros cuadrados (hoy definidas en 1.000 y 2.000 metros cuadrados) , viales menos anchos, exigir menos zonas verdes y más equipamientos...
Un proceso de negociaciones largo si se pretende un correcta participacion ciudadana, como señala la LOUA y piden tanto asociaciones como el PVRE. Pero que deja fuera a ese otro colectivo en conflicto que está a la espera de que las máquinas se lleven por delante sus viviendas si no pagan las astronómicas cifras de las sanciones.
Estas lluvias traen estos lodos
El último frente que se le ha abierto al delegado de Urbanismo de Chiclana, Andrés Núñez, se localiza en Las Mogarizas, Las Galindas y las Rapaces, tres urbanizaciones a cuyos propietarios se les reclama unos dos millones de euros sobre el coste que ya abonaron por las obras de urbanización hace un decenio, que además fueron denunciadas por estar mal hechas y obligado el Ayuntamiento a indemnizar a los vecinos .
Para los afectados, los culpables son el Ayuntamiento y la empresa municipal Emsisa, enfrascados en un largo proceso con la concesionaria de las obras que ha terminado con un coste añadido a lo inicialmente pactado.
A eso se une el hecho de que la subida del valor catastral de los inmuebles apareje la subida de tasas, mientras que la crisis económica impide a algunos propietarios hacer frente a lo que ahora pide el Ayuntamiento. Sin olvidar los casos de propietarios que compraron unas viviendas libres de cargas y se encuentran una factura por debajo de la puerta.