Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar entre 2006 y 2008, cuando los tres acusados --dos mujeres y un hombre-- regentaban, de manera conjunta, diversas casas de citas en régimen de alquiler en Jerez de la Frontera y una más en Alcoy (Alicante), las cuáles tenían como "finalidad exclusiva" permitir el ejercicio de la prostitución.
Con tal fin, los tres contactaban con jóvenes rumanas que se encontraban en situación de necesidad por carencia de medios económicos y les ofrecía la posibilidad de trabajar en una pizzería en España, haciéndose cargo de parte de los gastos que suponía llegar al país, contrayendo así una deuda con los acusados.
Una vez habían llegado a España, las jóvenes eran ubicadas en las distintas casas de citas que regentaban los acusados, donde les informaban de que no había trabajo para ellas y que tenían que saldar la deuda ejerciendo la prostitución. Las jóvenes, amenazadas con que informarían a sus familias, se vieron obligadas a aceptar, recibiendo la mitad de su salario.
Asimismo, para obligarlas a ejercer la prostitución y, aunque tenían libertad de movimientos y comunicación, eran controladas por los acusados y grabadas antes y después de prestar los servicios a los clientes, manifestándoles que si se negaban, mostrarían dichas grabaciones a sus respectivas familias. Entre dichas jóvenes se encontraban cuatro testigos, que fueron trasladadas de unas casas a otras.
Considera el Ministerio Fiscal que tales hechos son constitutivos de cuatro delitos de determinación a la prostitución, penado con tres años de prisión; así como de un delito contra los derechos de los trabajadores, para el que solicita una pena de tres años y seis meses de prisión.
