Uno de los civiles fallecidos este sábado ha muerto en Hama, uno de los centros de las revueltas, a manos de las fuerzas de seguridad, según ha informado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Los activistas han explicado que el número de muertes se ha incrementado desde el viernes, cuando según estas fuentes 25 civiles murieron abatidos por las fuerzas de seguridad en un ataque hacia sospechosos de pertenecer a la oposición. Además, diez soldados murieron en enfrentamientos con desertores del Ejército.
Durante la noche del viernes unas cinco personas fallecieron en Homs y Albukamal, cerca de la frontera con Irak. En Homs, uno de los centros del levantamiento armado, un grupo de hombres armados atacó un autobús matando al menos a once trabajadores, según informó un activista a Reuters.
"Es probablemente debido a que algunos de esos trabajadores eran alauíes", ha señalado el activista, en referencia a la tribu religiosa a la que la familia Assad pertenece.
Un residente en Homs ha explicado a Reuters que algunos soldados desertores habían matado a cuatro personas al atacar un vehículo que transportaba a miembros de las Fuerzas Aéreas de Inteligencia.
El ataque se ha producido dos días después de que fuentes de la oposición afirmaran que el Ejército sirio había informado de que 20 policías habían muerto o resultado heridos en un asalto al complejo de las Fuerzas Aéreas de Inteligencia, a las afueras de Damasco, el primer asalto de este tipo en el levantamiento.
El martes, el Observatorio informo de que dos desertores del Ejército habían sido asesinados en enfrentamientos con el Ejército sirio en Homs, otro foco de insurrección.
La represión por parte de las fuerzas de seguridad sirias continúa a pesar del plazo dado por la Liga Árabe para que se ponga fin al derramamiento de sangre bajo la advertencia de posibles sanciones políticas y económicas en caso de no llegar a detener la violencia.
El secretario general de la Liga Árabe, Nabil Elaraby ha explicado que la organización está estudiando la carta de Siria que "incluye el proyecto de enmiendas al protocolo que revisa la situación legal y los deberes de la misión de vigilancia".
Naciones Unidas ha indicado que la represión ha causado la muerte de al menos 3.500 personas desde marzo. Las autoridades culpan de la violencia a extranjeros respaldados por los grupos armados a los que acusan de la muerte de alrededor de 1.100 soldados y policías.