Fuentes del citado movimiento en Andújar consultadas por Europa Press han explicado este jueves que tienen previsto concentrarse ante el domicilio, ubicado en la calle Sur, 7 de la citada localidad, a partir de las 10,30 horas, cuando se ha fijado el desahucio de Rosalía y Enrique. "El objetivo es tratar, al menos, de aplazarlo", han destacado.
En este sentido, han recordado que pidieron a CajaSur, entidad con la que contrajeron la deuda, que la pareja y dos hijos pudieran permanecer en su casa unos meses más, incluso de alquiler, ya que la mayor demanda por la campaña de aceituna hace "más difícil encontrar ahora inmuebles" a los que pudieran trasladarse. Sin embargo, "no ha habido respuesta" por parte de la caja.
Según han añadido, el matrimonio no pudo hacer frente a una deuda que asciende a unos 120.000 euros que, además, ha acabado arrastrando a los padres de Rosalía, quienes avalaron el negocio de su hija con su vivienda, ubicada en el número 30 de la calle San Sebastián y de la que finalmente fueron desalojados el pasado día 8.
"Hemos conseguido pararlo y lo celebramos. No sabemos si podremos ganar la guerra, pero al menos hemos ganado la primera batalla", manifestaron entonces las mismas fuentes, que, sin embargo, son conscientes de que las leyes están ahí y probablemente acabará haciéndose efectivo. Al respecto, señalaron que cuando las personas afectadas acuden a ellos poco se puede hacer legalmente para evitarlo porque "suele ser demasiado tarde al confiar en el banco, pensando que les ayudará para luego darse cuenta de que no se casa con nadie y son meros números".
Con respecto al caso de ambas familias de Marmolejo, consideran que sus casas cubren la cantidad, ya que fueron tasadas en 180.000 euros, la de Enrique y Rosalía, y en 120.000 la de sus suegros y padres. No obstante, como la ley permite que la entidad se las pueda adjudicar por el 50 por ciento, hablaríamos de 90.000 y 60.000 euros que, con gastos complementarios, no sabemos si sería suficiente", han declarado.
Por ello, desde el 15M siguen haciendo hincapié en que su presencia también sirve de denuncia sobre lo que consideran una "política injusta" de las entidades financieras, de ahí que insistan en reivindicar la dación en pago de los inmuebles, de manera que su entrega salde las deudas.