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Sábado 16/11/2024
 
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España

Sigue el juicio con la declaración de Roca tras reconocer pagos y cobros

El principal acusado ha admitido cobros de empresarios acusados, pero los desvincula en todos los casos de resoluciones urbanísticas favorables

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El juicio del caso 'Malaya' continúa este lunes. El presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, sigue contestando, ahora a preguntas de la Junta de Andalucía, tras reconocer cobros de empresarios, que justifica en negocios privados o para financiar la campaña electoral de 2003; y también pagos que él hizo a exediles de Marbella (Málaga), que achaca a la necesidad de mantener unido el equipo de Gobierno tras la moción de censura contra Julián Muñoz.

Roca, primer acusado en declarar en este último bloque del juicio, ha analizado a preguntas del fiscal Anticorrupción y del letrado del Ayuntamiento marbellí el reflejo de esos supuestos cobros y pagos en los archivos informáticos que fueron intervenidos en la sociedad Maras Asesores, vinculada a él y una de las principales pruebas de cargo que han presentado las acusaciones.

El principal acusado ha admitido cobros de empresarios acusados, pero los desvincula en todos los casos de resoluciones urbanísticas favorables para éstos. También reconoció que dio "gratificaciones" a los grupos que formaban el equipo de gobierno tras la moción de censura contra Muñoz, como una "especie de pacto antitransfuguismo".

Precisó que se daba una cantidad "más importante" a los tenientes de alcalde y portavoces, como Carlos Fernández --fugado-- o Isabel García Marcos, que a los ediles y que entregaba sobres a los responsables de los partidos. Analizó las cantidades persona por persona, reconociendo pagos a Yagüe, pero menos de 1,8 millones de euros que dice el fiscal y admitiendo un adelanto para una intervención quirúrgica.

Aseguró que las anotaciones de 2002 que aparecen asociadas a las iniciales JM en uno de los archivos no se refieren a Julián Muñoz, sino a un colaborador de la campaña electoral de 2003, y ha insistido en que, aunque Muñoz se presentó como candidato, las relaciones con Jesús Gil eran "hostiles", hasta el punto de que el primero formó un partido para presentarse por separado, aunque finalmente concurrieran juntos.

"Es imposible desde un punto de vista razonable que, en las fechas que aparece en Maras, yo pudiera haberle hecho entrega de dinero a Julián Muñoz por cuenta de Jesús Gil, que era el titular del dinero de esa cuenta. Se hubiera pegado un tiro Jesús Gil antes", apuntó sobre dos referencias en noviembre de 2002, asociadas a las iniciales JM y que los investigadores relacionan con Julián Muñoz.

Sobre otro apunte de 12.000 euros a JM, que los investigadores también relacionan con Muñoz, en diciembre de 2003, Roca indicó que "no tendría sentido" que fuera a éste porque se produce después de la moción de censura que se presentó en agosto de 2003 contra él, según explicó, "por esa forma de hacer política y esa forma de mostrarse ante España y no por otra cosa".

MOCIÓN DE CENSURA Y URBANISMO

Al respecto, precisó que la moción "se hizo libre y espontánea ante una política que el resto de concejales pensaron que no era la correcta", por "la postura que ante la opinión pública estaba trascendiendo de la aventura, llámela usted extraconyugal, y nueva política de hechos del señor Julián Muñoz", que entonces mantenía una relación con la cantante Isabel Pantoja.

Insistió en que no hubo ningún pago asociado a la moción de censura y en que no constan archivos de la sociedad Maras Asesores antes de 2004 "no porque se hayan destruido o se hayan quitado de en medio, sino porque no existían". "Si yo hubiera querido quitar algo, porque temiera algo, hubiera quitado los archivos Maras y posiblemente no estaríamos aquí sentados", apuntó.

Respecto al urbanismo, Roca considera que la construcción "no tiene muchos secretos" para él, aunque se desvinculó de cualquier intervención para que se aprobaran resoluciones urbanísticas como convenios o licencias de obras o primera ocupación, indicando que cuando estaba Gil éste era el que "prácticamente decidía todo" al respecto y la comisión de gobierno "lo único que hacía era santificar lo que él decidía".

Apuntó que la Corporación de Marisol Yagüe "acordó no iniciar expedientes de revisión de licencias de obras concedidas con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)" hasta que "se comprobara si tenían acomodo o no" y aseguró que tuvo "discusiones bizantinas" con Gil a cuentas del urbanismo, rechazando tener influencia decisiva sobre la entonces regidora, más allá de ser su asesor.

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