A preguntas de los periodistas, Sánchez ha explicado que el Gobierno andaluz ha actuado "desde el primer momento" y ha colaborado con las autoridades en esclarecer el caso de esta empresa que cobró subvenciones de la Junta por la contratación de 47 personas con discapacidad.
La empresa sí contrató a estas personas, aunque, según ha recordado Sánchez, "luego hubo problemas porque se ve que les hacían firmar y no les pagaban", un asunto que la delegada ha condenado especialmente por afectar a un colectivo tan sensible como el de los discapacitados.
Sin embargo, ha pedido "cuidado porque en la provincia hay muchos centros especiales de empleo que están funcionando divinamente y además dan empleo a un colectivo de personas" que de otro modo "no lo tendría".
"Hay que sacar a estos sinvergüenzas de toda la oferta decente de empleo que hay para personas con discapacidad", ha insistido la representante del Gobierno andaluz.
Nueve detenidos acusados de defraudar 480.000 euros a la Junta con una empresa que contrataba discapacitados
La Guardia Civil ha detenido en Elche (Alicante) y Sevilla a nueve personas como presuntos responsables de defraudar 480.000 euros al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía mediante el cobro de subvenciones para la contratación de trabajadores discapacitados.
Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los detenidos montaron en la localidad granadina de Montefrío una empresa para la fabricación de calzado con dinero aportado por la Junta de Andalucía a través de subvenciones y con ayudas del propio Ayuntamiento de Montefrío. Esta empresa, no obstante, "mantuvo una mínima actividad laboral y comercial durante el año y medio que estuvo en funcionamiento".
Durante ese tiempo contrataron a 47 personas discapacitadas por las que recibieron subvenciones por valor de 480.000 euros, cantidad que ahora la Junta de Andalucía les reclama a los detenidos "por no cumplir con los requisitos exigidos al recibir dichas subvenciones, como la obligación de mantener a estas personas discapacitadas contratadas durante al menos tres años, ya que la empresa cerró a los 18 meses.
Según añade la Guardia Civil, de las nueve personas detenidas, seis están directamente relacionadas con la empresa montada en Montefrío y las otras dos son los administradores de dos empresas de Elche (Alicante) que supuestamente suministraron facturas que justificasen la actividad comercial de la empresa granadina. El último es un gestor sevillano que presuntamente se encargaba de conseguir las subvenciones para la empresa a cambio de una suculenta comisión.
Cuatro de los detenidos por la Guardia Civil, además, tienen antecedentes policiales por los delitos de fraude y estafa.
El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Loja comenzó a investigar a los dueños de esta empresa el mes de marzo del año 2010 tras la denuncias presentadas por trabajadores de la propia empresa, descubriendo un posible fraude a la Junta de Andalucía a través del cobro de subvenciones y un posible delito de blanqueo de capitales.
La Guardia Civil ha descubierto que muchos de los trabajadores de la empresa investigada "no iban siquiera a trabajar y, sin embargo, recibían la mitad de su salario a cambio de que firmaran las nóminas", documentos en última instancia para justificar su actividad ante la Junta de Andalucía.
Esta empresa llegó a solicitar al Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía otra subvención de un millón de euros para la contratación de otras 80 personas, pero le fue denegada tras tener noticias de las denuncias de los trabajadores.
La Guardia Civil también ha averiguado que dos empresas de Elche fueron creadas con el fin de extender facturas que justificaran compras y ventas ficticias de la empresa de Montefrío; es decir, "trataban de justificar una actividad comercial entre las empresas investigadas que en realidad no existía".
