El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha aportado hoy en rueda de prensa documentos para demostrar que hasta 2015 hay "compromisos de pago" por valor de 535,2 millones que elevan a los 1.400 millones de euros el fondo de reptiles y el fraude de los ERE, lo que en su opinión supone una "hipoteca inaceptable".
Ha informado de que el 22 de diciembre de 2010, en una reunión entre el viceconsejero de Empleo Justo Mañas y representantes de aseguradoras y de sindicatos, se acordó un calendario de pagos hasta 2015, por lo que se ha creado una "bola de nieve que es cada vez más grande" y que vincula a la administración regional hasta esa fecha.
"El fraude de los ERE no acabó en 2010 ni el fin de semana con la declaración de Guerrero, nos deja una hipoteca de 535 millones", ha apuntado Sanz, quien ha afirmado que su formación trasladará toda la información a la juez.
De los 933 millones en los que se ha cifrado hasta ahora el fraude de los ERE, quitando la parte de la responsabilidad exigida serían 699 millones más dos partidas no trasladadas a la juez y los 535 millones, lo que sumaría un total de 1.400 millones, ha explicado.
Sanz ha denunciado también que en la reunión de 2010 ya se acordaron pagos superiores a lo que después se presupuestaban, por lo que considera que ya estaba premeditada una modificación de las cuentas andaluzas desde antes de anunciarlas.
"Se pone la mitad de lo que está comprometido que hay que pagar a las aseguradoras", ha señalado Sanz, quien ha puesto como ejemplo que en 2012 se presupuestaron para pagar 65 millones pero se reconocen montantes de pago por valor de 121 millones.
Ha manifestado que Guerrero era "un instrumento más en una orquesta donde la batuta eran altos cargos de la Junta y la cabecera de la Junta" y cree que su declaración "eleva la responsabilidad" a consejeros y cargos como Zarrías, Chaves o Griñán.
En este sentido, ha apuntado que ahora "sí se está hablando de magnitudes muy elevadas y graves" y se ha quejado de que ahora nadie sepa "nada", cuando "todos estaban en la sala de máquinas".
Sanz ha asegurado que si se produce un cambio de gobierno en las elecciones del 25 de marzo, "salvo que la justicia diga lo contrario", se respetarán los compromisos adquiridos con los trabajadores porque "el PP no tiene intención de poner en peligro ninguno de los pagos" de los empleados prejubilados "de buena fe".