En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que, tras tomarles declaración el pasado viernes, el juez instructor ha dejado en libertad con cargos a los ocho detenidos, a los que imputa un delito de inducción a la prostitución, todo ello sin menoscabo de lo que pueda deparar la investigación judicial.
Asimismo, y según las fuentes consultadas, el juez ha impuesto a dos de los ocho imputados la obligación de comparecer en el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
LOS HECHOS
Los agentes del Grupo III de la UCRIF de Sevilla tuvieron conocimiento, por investigaciones relacionadas con la lucha contra las redes de inmigración, de la existencia de un grupo organizado dedicado a la explotación sexual en la vía pública de mujeres de nacionalidad rumana en la vía pública.
Los investigadores pudieron comprobar que las mujeres ejercían la prostitución durante horas ininterrumpidas en condiciones precarias, a la intemperie, y poniendo en riesgo sus vidas, ya que el lugar donde prestaban sus servicios se localizaba en el tramo de una concurrida y peligrosa carretera que une los municipios sevillanos de Dos Hermanas y Los Palacios.
Fruto de esas primeras observaciones, los agentes advirtieron del férreo control al que las mujeres eran sometidas, siendo controladas por algunos miembros de los proxenetas de manera continuada, tanto de forma presencial como a través de constantes llamadas telefónicas para vigilar sus movimientos. Estas labores de control eran ejercidas de forma especializada hasta por un total de cinco miembros de esta organización, quienes se repartían las mujeres para mantener un control más directo sobre ellas.
Igualmente, otros dos miembros del grupo criminal, siendo estos el considerado como cerebro del mismo y la que hacía las funciones de 'madame', se encargaban de realizar pasadas periódicas mientras las mujeres se encontraban ejerciendo la prostitución para recaudar los beneficios que estas obtenían de los clientes.
Una vez que finalizaba la jornada, las víctimas eran trasladadas a una finca cercana que la organización tenía alquilada en la localidad de Utrera, función de la que se encargaba el único español integrante del grupo, cobrándole a los mujeres mediante favores sexuales que les obligaba a proporcionarle.
Los agentes, tras identificar a todos los integrantes del grupo criminal, dispusieron un dispositivo en torno al lugar donde las prostitutas ejercían la prostitución y se procedió a la detención de todos sus miembros, un total de ocho personas.
RED JERARQUIZADA
Los integrantes de este grupo delictivo estaban fuertemente organizados y trabajaban toda la cadena de explotación sexual de mujeres, desde la captación en el país de origen hasta la gestión de las ganancias que se obtenían con este ilícito negocio.
Las víctimas respondían a un perfil claro y eran localizadas entre mujeres de 18 a 30 años de escaso nivel cultural, residentes en zonas rurales de Rumania donde la situación precaria en la que viven las coloca como un blanco fácil para estas mafias que las engañan ofreciéndoles falsos contratos de trabajo en España.
La organización se encargaba del traslado de las mujeres realizando largas rutas en autobús hasta llegar a España, donde son informadas por parte de los miembros de la organización de que no existe tal oferta de trabajo pero que, no obstante, han contraído una deuda en concepto del viaje a España que deben pagar ejerciendo la prostitución.