Los trabajadores de 'Sevilla Global' han celebrado una asamblea al objeto de debatir la situación suscitada después de que el Gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido (PP) anunciase la disolución de esta agencia. Tal extremo ha sido ya aprobado por el pleno del Ayuntamiento, al prosperar el plan de ajuste promovido por el primer edil, para adherir al Consistorio al real decreto Ley 4/2012, gracias al cual el Estado sufraga las deudas contraídas por las administraciones con sus proveedores.
Dicho plan contempla la disolución de 'Sevilla Global' bajo la premisa de que esta agencia incurre en "causa de disolución" y dependía exclusivamente de las transferencias del Ayuntamiento, una vía "cercenada" según el Gobierno municipal por el propio real decreto 4/2012. La disolución de 'Sevilla Global', acordada en el seno del plan de ajuste aprobado por el pleno con los votos favorables del PP y la oposición de PSOE e IU-CA, tiene efectos sobre 52 puestos de empleo. Los trabajadores desconocen aún si existe algún plan para la continuidad de sus puestos de empleo, según han manifestado a Europa Press.
De cualquier modo, el comité de empresa de esta agencia municipal ha negado que 'Sevilla Global' incurra "en los supuestos que recoge la Ley como causas objetivas para su disolución", negando además un "imperativo legal" sobre tal extremo merced al real decreto Ley 4/2012. Por eso, el comité solicita al Ayuntamiento toda la documentación "en la que se haya podido basar esta decisión", instando además a los grupos políticos a formular un recurso de reposición contra el acuerdo plenario del mencionado plan de ajuste, pues la disolución de 'Sevilla Global' es "arbitraria e injusta".
El comité de empresa, igualmente, anuncia un recurso por la vía Contencioso Administrativa contra los acuerdos del pleno celebrado para aprobar el citado plan de ajuste, porque "tales disposiciones no son conformes a Derecho". "Solicitaremos también la adopción de medidas cautelares, así como de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la legalidad, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios. En paralelo, hemos decidido encargar Dictamen Jurídico que dirima si tales decisiones han podido incurrir en un posible delito de prevaricación", concluye el comité de empresa.
