Guerrero, encarcelado desde el pasado 9 de marzo, recibió en la prisión Sevilla-1 la notificación de la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, para depositar una fianza civil de 686 millones de euros con la que hacer frente a sus futuras responsabilidades económicas.
Según la documentación a la que ha tenido acceso Efe, Guerrero hizo saber al funcionario que le transmitió el auto que "no tiene para hacer frente a la fianza" puesto que mantiene régimen de separación de bienes con su esposa.
Su única propiedad es un piso en la localidad sevillana de El Pedroso que está hipotecado, pese a lo cual Guerrero notifica a la juez que ha pedido a su abogado que presente en el juzgado una "relación de su patrimonio, activo y pasivo".
La juez impuso a Guerrero una fianza de 686.190.686 euros no para eludir la prisión sino en concepto de responsabilidad civil para hacer frente al "ingente despilfarro" de dinero público presuntamente cometido.
Alaya calculó esa cantidad teniendo en cuenta el "principio de proporcionalidad, moderación, medida justa y equilibrio" y por los "sólidos indicios" contra Guerrero, que fue director general entre 1999 y 2008.
El auto enumeró cuatro apartados de los fondos irregulares que concedió Guerrero (ayudas sociolaborales, ayudas a empresas, primas por los "intrusos" aparecidos en los ERE y pagos cruzados) y que eran "absolutamente discrecionales, concedidas solamente a entidades próximas a la Administración y estaban completamente huérfanas del procedimiento legalmente establecido".
El capítulo de ayudas sociolaborales irregulares quedó fijado en 456 millones de euros, las ayudas a empresas en 59 millones, las primas por "intrusos" -entre ellos la propia suegra de Guerrero- ascendió a 3 millones de euros y los pagos cruzados -que no figuraban en la contabilidad de la agencia IDEA- fueron fijados en 4 millones de euros.
A ello, la juez añadió "prudencialmente" otros cinco millones por la posible aparición de nuevas irregularidades e intrusos, lo que "seguramente aumentará con el estudio de los sucesivos expedientes".
Después de Guerrero, la juez ordenó el 22 de marzo prisión sin fianza para su chófer, Juan Francisco Trujillo, que se convirtieron así en los primeros encarcelados del medio centenar de personas imputadas hasta ahora.