Viene a colación de este lamentable tirón de orejas que recibe España de la Unión Europea una de las críticas más duras que se le ha realizado al Gobierno por la participación de las franquicias políticas de ETA en las pasadas elecciones municipales: con la llegada a las administraciones públicas del PCTV y de ANV, los sectores de la oposición más críticos con el Ejecutivo Zapatero interpretan -y no es difícil llegar a la misma conclusión-, que la banda terrorista etarra (porque según el Supremo ambos partidos políticos y ETA son la misma cosa) tiene acceso a fondos económicos -además de información privilegiada-, de los que puede disponer a su libre albedrío.
Aunque la Unión Europea no entra a analizar en detalle la cuestón etarra, lo cierto es que la denuncia formulada contra España viene a coincidir con las críticas anteriormente descritas en el hecho de que el Gobierno español podría tomar decisiones más contundentes en la lucha contra el terrorismo. Y no lo hace. Podría suprimir el permiso parlamentario para negociar con ETA, pero ahí prosigue.
Si el Gobierno y la Fiscalía General del Estado hubieran actuado de manera más firme contra ANV para que no hubiera participado en las elecciones municipales, no sería necesario ahora escenificar un unánime rechazo cuando los miembros de ANV no condenan los atentados etarras.