A petición del presidente del Partido Popular Europeo, Joseph Daul, el miércoles por la tarde habrá una declaración del Consejo y de la Comisión Europea sobre la seguridad jurídica de las inversiones de empresas europeas en países terceros, a la luz del caso 'YPF-Repsol'.
El eurodiputado español del PP Jaime Mayor Oreja ha respaldado la petición de Daul para "defender la seguridad jurídica" de las empresas europeas en el exterior y ha dejado claro que la expropiación de YPF no debe ser entendida como un problema "exclusivo" de España, sino que sienta un "precedente peligroso" para "todos".
Mayor Oreja ha subrayado que la decisión anunciada por el Gobierno argentino es un movimiento "ilegítimo" porque se ha tomado de manera "arbitraria" y afecta a "miles de pequeños arbitrarias".
En el debate participará también un representante de cada grupo político con presencia en la Eurocámara y se espera que el viernes, último día de sesión, se someta al voto del pleno una resolución con la posición de los eurodiputados.
Se trata de un paso más en la presión política que la Unión Europea ha lanzado en este caso, después de que el Gobierno español adelantara el lunes su deseo de que la Eurocámara se pronunciara.
Este mismo martes, la Comisión Europea ha tachado de "ilegal" la expropiación y ha anunciado que estudiará "todas las opciones posibles" de represalia contra la decisión de Buenos Aires, si bien fuentes comunitarias advierten de que la UE no dispone de instrumentos jurídicos específicos.
Rechazo exterior a expropiación de YPF, por la que Repsol pide 8.000 millones
La petrolera Repsol reclamará al Gobierno de Argentina 10.500 millones de dólares (8.000 millones de euros) por la expropiación de su participación en YPF, una acción que cuenta con el rechazo de instituciones internacionales y mandatarios de la UE o países como México.
En una multitudinaria rueda de prensa, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha vinculado la nacionalización al "goloso" descubrimiento de hidrocarburos de "Vaca Muerta" y a la profunda crisis social y económica por la que atraviesa Argentina, cuya presidenta, Cristina Fernández, se ha negado a reunirse con él para negociar una salida al conflicto en YPF.
El directivo ha asegurado que la ley obliga al Ejecutivo argentino a lanzar una opa por el cien por cien de YPF, de la que Repsol controla el 57,4 %, a un precio de 46,55 dólares por acción (unos 35 euros), lo que supone valorar el total de la compañía en 18.300 millones de dólares (14.000 millones de euros).
En este contexto, ha acusado al Gobierno de Argentina de haber llevado a cabo una campaña de "hostigamiento, coacciones y filtraciones interesadas y calculadamente planificadas" para provocar el derrumbe del precio de YPF y facilitar así su expropiación "a precio de saldo".
Asimismo, ha puesto en duda que la Casa Rosada vaya a pagar a Repsol lo que le corresponde y augurado una larga y dura batalla legal, al tiempo que ha asegurado que la expropiación no afectará ni al aprovisionamiento ni al precio de los carburantes en España.
En el terreno diplomático, Brufau ha valorado la actuación del Gobierno español por su firmeza y rigor y ha confiado en que su presidente, Mariano Rajoy, hará todo lo que tenga que hacer para que se respeten las "reglas del juego" internacionales.
La Comisión Europea ha suspendido la reunión del comité conjunto UE-Argentina de los próximos 19 y 20 de abril en Buenos Aires en respuesta a la expropiación del 51 % de YPF, que considera "ilegal" si no conlleva una compensación adecuada.
Poco antes del anuncio de esta medida, el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, dijo estar "seriamente decepcionado" por la expropiación y pidió a Argentina que honre sus compromisos internacionales y bilaterales con España.
Por su parte, el ministro francés de Exteriores, Bernard Valero, ha abogado por buscar una solución dialogada, así como que se respeten las garantías jurídicas.
Al otro lado del Atlántico, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha reconocido que "sigue los acontecimientos" y no ha desvelado si ha presentado una queja ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre los planes de expropiación.
Desde Brasil, la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, consideró que la expropiación generará debate, aunque rehusó dar su opinión al respecto por desconocer los detalles.
España es el principal inversor externo en Argentina, seguido de EEUU, que cuenta con más de 500 empresas instaladas en el país.
Desde México, el presidente del país, Felipe Calderón, deploró la decisión de Argentina, a la que calificó de "muy poco responsable y poco racional".
Por contra, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, apoya la decisión de Argentina y rechazó las "amenazas o intentos de intimidación" contra esa nación, según el canciller venezolano, Nicolás Maduro.
En España, sindicatos, patronal y la mayoría de la oposición expresaron su rechazo a la nacionalización de YPF y mostraron su apoyo al Gobierno en la gestión del conflicto.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha solicitado comparecer en el Congreso para explicar "la posición del Gobierno" ante la expropiación, una decisión que considera que sienta un precedente "muy negativo" para cualquier país que invierta en Argentina.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se ha reunido durante media hora con el embajador argentino, Carlos Bettini, para trasladarle personalmente el malestar del Gobierno con la decisión que afecta a Repsol, cuyas acciones caían a media sesión un 6 %.
La CE ve "ilegal" la expropiación de YPF y suspende su reunión con Argentina
La Comisión Europea (CE) ha suspendido la reunión del comité conjunto UE-Argentina que iba a celebrarse los próximos días 19 y 20 de abril en Buenos Aires, en respuesta a la expropiación del 51 % de YPF por parte del Gobierno argentino, la cual considera "ilegal" si no conlleva una compensación adecuada.
"Debido al clima que se ha creado por esta situación, la Comisión Europea y la alta representante (de la política exterior, Catherine Ashton) han decidido posponer la reunión del comité conjunto UE-Argentina que estaba previsto para los días 19 y 20 de abril" en Buenos Aires, señaló Pia Ahrenkilde, portavoz del Ejecutivo comunitario, en la rueda de prensa diaria.
"Entendemos que la expropiación que se planea en este caso es ilegal si tiene lugar sin una compensación justa, adecuada y pronta", agregó la portavoz.
Poco antes Repsol había indicado que reclamará a Argentina, al menos, 10.500 millones de dólares (8.000 millones de euros) por su participación en YPF, compañía a la que oto
rga un valor total de 18.300 millones de dólares, en virtud de la Ley de Privatización y los Estatutos de YPF.
La compañía española entiende que para llevar a cabo la expropiación del 50,1 % de la compañía, el Gobierno del país austral debería lanzar una opa, ha explicado en una multitudinaria rueda de prensa el presidente de Repsol, Antonio Brufau.
La CE estudia el proyecto de ley que la presidenta argentina, Cristina Fernández, envió ayer al Congreso para expropiar YPF para "determinar en estrecha consulta y en contacto con las autoridades españolas el próximo paso a dar y analizar todas las posibles opciones que están a disposición" de Madrid y de la UE, explicó la portavoz.
El comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, enviará además una carta a su homólogo argentino, el ministro del ramo, para expresarle la "seria preocupación" de la Comisión por el anuncio del Gobierno argentino, indicó Ahrenkilde.
El presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, que ha seguido de cerca el asunto y que ha estado en contacto con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se mostró poco antes "seriamente decepcionado" con la decisión de argentina.
Asimismo ha instado al Gobierno del país austral a respetar sus compromisos y obligaciones internacionales, especialmente aquellos que resultan del acuerdo bilateral sobre la protección de inversiones con España.
Barroso ha pedido a los servicios de la Comisión Europea que sigan de cerca este asunto y que le den máxima prioridad.
Ahrenkilde recalcó en la rueda de prensa diaria que YPF representa "una importante inversión" de la Unión Europea (UE) en Argentina y la expropiación anunciada "envía una señal muy negativa a los inversores internacionales, que buscan por supuesto estabilidad y previsibilidad para sus inversiones".
La medida del Gobierno de Cristina Fernández, reiteró la portavoz, "puede dañar seriamente el clima de negocios en Argentina" y "crea inseguridad jurídica no solamente para la empresa española Repsol, sino también para otras compañías de la UE".
Por todo ello, la Comisión Europea pidió enérgicamente al Ejecutivo argentino que garantice el cumplimiento del país con los acuerdos internacionales que ha suscrito.
Repsol dice que YPF vale 18.300 millones de dólares
El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, asegura que la petrolera española "tomará todas las medidas legales a su alcance" contra el Gobierno argentino por la expropiación de un 51% de YPF y recuerda que el Ejecutivo del país tiene el "compromiso" de lanzar una OPA por el 100% si quiera tomar el control de la filial.
"Somos una compañía española y a lo mejor hay ganas de bronca", afirmó Brufau en una rueda de prensa para valorar la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como respuesta a los motivos que, a su juicio, pueden haber motivado la nacionalización.
En una presentación de actividad de YPF, Repsol calcula que el valor de YPF es de 18.300 millones de dólares (unos 14.000 millones de euros), o de 46,55 dólares por acción, mientras que el de la participación del 57% de la española en la argentina asciende a 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros). "Todos los Estados tiene derecho a expropiar, pero a pagar también el precio justo", afirmó Brufau.
Las autoridades argentinas, señaló, desean "expropiar a precio de saldo" YPF, "sin formular oferta pública de adquisición de acciones". "Con este mecanismo, el Gobierno pretende tomar el control de YPF sin formular una oferta pública de adquisición de acciones por el 100% por la que viene obligado por ley y por los estatutos de YPF, como compromiso como garantía a los inversores a los que quería cautivar", señaló.
Brufau, quien dijo haber recibido propuestas por escrito de otras empresas internacionales por la compra de parte de YPF, consideró que "la expropiación es una forma de tapar la crisis social que vive Argentina" y "un acto ilegítimo e injustificable" que, además, discrimina a la empresa argentina sobre otras del país y a Repsol sobre otros accionistas.
Por este motivo, Repsol exigirá en los tribunales un "resarcimiento por daños y perjuicios", y presentará demandas que van de lo contencioso administrativo a reclamaciones ante los mercados de valores y los tribunales internacionales de arbitraje.
"Esta no es la Argentina querida, que merece más cosas", afirmó el presidente de la petrolera, quien consideró que "un país debe legislar a partir de la realidad, y no de lo que le gustaría ver". Brufau expresó además su "respeto" por "la sociedad y el pueblo" argentinos y dijo sentir "orgullo" por la forma en que Repsol YPF ha "unido culturas".
DICTADOR VIDELA.
El Gobierno argentino, lamentó, entró ayer en la sede de YPF antes incluso de la finalización del discurso de Kirchner amparándose en "una ley del dictador Videla". Además, tomó esta medida contra una empresa que "ha invertido 20.000 millones de dólares" en el país, cuando el segundo principal inversor del sector "no llega a un tercio" de esta cifra, señaló.
Brufau aseguró que la nacionalización "no va a quedar impune" y consideró además previsible que "otros accionistas" de YPF tomen medidas legales contra el Ejecutivo argentino y señaló que a partir de ahora la compañía española dispone de un "amplio abanico" de medidas jurídicas.
SIN JUSTIFICACIÓN.
"No está justificada la medida desde el punto de vista de la utilidad pública y resulta inadmisible tachar la política de YPF de cortoplacista y reductora de reservas", afirmó, antes de señalar que la motivación podría ser las "ganas de bronca" debido al origen español de Repsol.
Brufau recordó que la nacionalización "viene acompañada de una campaña de hostigamiento, de coacciones y de filtraciones interesadas para provocar la caída del precio de las acciones de YPF y facilitar su expropiación a precio de saldo". Un gobernador de Patagonia, dijo, llegó a asegurar que el daño a YPF es "un beneficio para los patagónicos", ya que afecta a la cotización de las acciones.