Izquierda Unida en Jaén ha considerado "mejorable" el Plan Económico-Financiero de la Junta de Andalucía y ha solicitado su "rectificación". De hecho, su coordinador provincial, Luis Segura, ha instado a hacer un esfuerzo para que en su tramitación como proyecto de ley en el Parlamento autonómico "se aminore el recorte de salarios a los empleados públicos todo lo que sea posible" y, sobre todo, que "el carácter reversible de las medidas de ajuste tengan un horizonte temporal lo más cercano posible".
Así lo ha señalado este jueves a través de un comunicado, en el que ha dicho haber dado "instrucciones" al parlamentario andaluz de IU por Jaén, Juan Serrano, para que traslade a su grupo parlamentario la "inquietud de miles de empleados públicos de Jaén" ante los recortes anunciados, proponga la rectificación del plan y sea llevado a la Mesa General de la Función Pública de Andalucía.
El coordinador provincial de IULV-CA ha querido recordar que estos recortes "vienen impuestos por el Gobierno de Rajoy y Javier Arenas mediante la Ley de Estabilidad, votada solo por el Partido Popular", de ahí que haya calificado de "demagógica" la actitud de los dirigentes del PP.
"El Gobierno andaluz con las medidas anunciadas quiere, en primer lugar, defender el máximo nivel del empleo público evitando el despido de 30.000 trabajadores públicos, unos 3.000 en la provincia de Jaén. En segundo lugar, quiere preservar el sistema educativo y sanitario de Andalucía y la calidad de los servicios, no acepta la privatización de los servicios públicos y va a recurrir al Tribunal Constitucional todas las medidas que afecten al Estatuto de Autonomía, como inversiones, salud, educación o dependencia", ha recalcado Segura.
De otra parte, ha incidido en el compromiso de mantener la financiación de los ayuntamientos andaluces, la reducción de un 50 por ciento de los altos cargos en la administración periférica y en otro tanto la flota de coches oficiales y la publicidad, así como la disminución de los gastos de protocolo y dietas. Además, ha aludido al aumento de la tarifa autonómica del IRPF para las rentas de entre 60.000 y 120.000 euros y de la tarifa del Impuesto de Patrimonio y la tasa fiscal de las máquinas tragaperras, entre otras medidas.