El sinvivir de los trabajadores del Bajo Guadalquivir no tiene jornadas de aliento. Desde que hace dos meses dimitiera en bloque el comité de empresa de la entidad, la defensa organizada de los que aún a día de hoy siguen trabajando en los despachos de la sede central de la Mancomunidad, en Lebrija, se ha quedado en algún que otro comunicado a los medios de comunicación para que su voz no deje de escucharse.
Ahora, al recibir un tercio de sus nóminas por parte de la entidad, los trabajadores arremeten contra los alcaldes de los municipios mancomunados. "Cuando la situación económica y familiar que vivimos es crítica, los alcaldes canallas nos dan una limosna", afirman. "A nosotros no nos engañan, no lo hacen por aliviar nuestra situación sino para acallar a los medios de comunicación como en su día lo hicieron anunciando que las diputaciones les ayudarían a pagar las nóminas atrasadas". "Era falso", añaden.
En esa lucha, un poco de aliento viene desde Sevilla, de la mano del Defensor del Pueblo, José Chamizo, que se ha comprometido a preguntar a los alcaldes de los once municipios de las provincias de Cádiz y Sevilla que pertenecen a la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, sobre la situación de los trabajadores. Aún no han recibido contestación sobre la reunión que estos solicitaron meses atrás para exponerle a Chamizo su problemática.
Los trabajadores, que dirigen sus críticas contra la presidenta del ente, la socialista y alcaldesa de Lebrija, María José Fernández, y otros alcaldes de la zona, aseguran sentirse "atrapados, esperando que los jueces se dignen a decirnos que podemos ir al paro" mientras se refieren a los responsables políticos como "gente canalla sin conciencia que sólo les preocupa vestir su sonrisa de diseño frente a las cámaras". "Será imposible que volvamos a creer en la democracia", sostienen.
