El presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, expuso ayer que con los planes de ajuste propuestos por el Gobierno central a los ayuntamientos a cambio de capacidad de endeudamiento para pagar a sus proveedores, la deuda de bancaria de los consistorios sevillanos ha experimentado un crecimiento del 50 por ciento. La deuda global de los consistorios de la provincia, según datos del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef), ha pasado de 407 millones de euros en 2011 a unos 612 millones de euros en el año en curso.
Junto a esa “nueva losa” para todos los pueblos de Sevilla, remarcó el presidente, y en especial “para los que cuentan con menos recursos que son los pequeños y medianos”, se suma otra contrariedad como lo es el hecho de que “ya estamos en el mes de junio y aún no conocemos, ni los ayuntamientos ni las diputaciones, las cantidades que ingresaremos por la Participación en los Impuestos del Estado (PIE) en esta anualidad, lo que se traduce en una incertidumbre total para ejecutar nuestros presupuestos y programas”.
En contraposición, Rodríguez Villalobos se congratuó “de que, por una vez, el Ministerio de Hacienda se haya hecho eco de las peticiones del PSOE, al anunciar que darán un nuevo plazo de 15 días a aquellos ayuntamientos a los que se les rechazó el plan de ajuste y a aquellos otros que no lo presentaron”. Como dato significativo de la crítica situación a la que se está llevando a los ayuntamientos y diputaciones, el mandatario denunció “el hecho de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas también haya suprimido, ya oficialmente, los planes de obras y servicio que las diputaciones acometían cada año, cofinanciados por el Estado”.
En el caso de la provincia de Sevilla, la entidad que preside Villalobos dejará de recibir 2,5 millones de los 5,3 que tenía presupuestados para acometer estos planes en 53 localidades.
La Diputación pide al Estado que la Iglesia pague el IBI
El pleno de la Diputación ha instado al Gobierno central a emprender “el proceso legislativo oportuno” para que sea suprimida la exención de la que gozan la Iglesia católica y “el resto de confesiones”.