El abogado Juan José Urbaneja Nogales tiene todas las papeletas para convertirse en el nuevo hombre fuerte a nivel técnico en la Delegación de Urbanismo, una vez finiquitada la Gerencia Municipal, como personal de confianza de la nueva delegada del área, Marisol Ayala (PVRE), e incluso ya ha visitado las dependencias y conoce su funcionamiento.
La decisión, sin embargo, está a expensas de unos retoques en el contrato y posiblemente se demore un tiempo debido a circunstancias personales de la nueva delegada. El propio Urbaneja confirmaba esta más que probable operación, aunque sin abrir las puertas por respeto a quien tiene que decidir la otra parte, la política.
En el caso de que no fructificaran las conversaciones entre las partes, cosa improbable, el cargo lo ocuparía un abogado portuense de máxima confianza del Partido Popular y experto en Derecho Urbanístico, que igualmentte ocuparía su puesto como personal de confianza toda vez que no como gerente de un organismo llamado a desaparecer.
Si de algo puede presumir el abogado Juan José Urbaneja, de la misma forma que la delegada para avalar su elección, es de conocer la compleja situación del urbanismo en Chiclana y sobre todo lo que respecta a los intereses de aquellas personas que por una u otra causa se han visto envueltas en ilegalidades urbanísticas, presunción de inocencia que se otorga tras las últimas noticias sobre la detención de otra trama de parcelación ilegal y venta a compradores de también presunta buena voluntad.
Urbaneja, junto a otros dos abogados, uno de ellos Juan Díaz Cobos, comenzaron a trabajar para los afectados por las sanciones urbanísticas en el mes de octubre del año pasado, asesorando gratuitamente a instancias del Partido Vecinal Regionalista (PVRE), la Federación de AAVV Las Lagunas y la Asasur, a aquellas personas que reclamaban sus servicios para intentar anular las sanciones impuestas por el Ayuntamiento.
Ahora o después
Lo que está ahora sobre la mesa y sobre lo que el Gobierno municipal debate, ahora con mayoría absoluta tras el pacto del Partido Popular con el PVRE que suman trece concejales, es sobre la conveniencia o no de mantener la figura de la actual gerente, Arancha Montero Zabala. Lo que se baraja, aún sin decidir, es si se le despide ya o se espera a la supresión de la Gerencia de Urbanismo que tendrá lugar en un plazo de seis meses.
Según el portavoz del Gobierno municipal, que ha respondido a unas críticas del PSOE sobre la indemnización por despido que tendrá que cobrar la actual gerente, dicha indemnización “será la misma porque las causas del despido son las mismas ahora o dentro de seis meses”, además de que se considera que posiblemente Montero podría desempeñar un buen papel en el proceso de disolución de la Gerencia de Urbanismo.
No obstante, la llegada de Urbaneja como cargo de confianza del PVRE a Urbanismo, aun siendo un gasto asumido en cualquier acuerdo de gobernabilidad, pacto o fórmula similar entre dos partidos, no cuadraría con la política de austeridad y contención del gasto que propugnan los populares, por mucho que el cargo de confianza cobraría “la mitad” que Arancha Montero Zabala. Y sin olvidar que posiblemente ese dato forme parte e incluso esté incordiando los “trámites” que faltan para que Urbaneja se incorpore a su puesto en el Ayuntamiento de Chiclana.
La otra posibilidad, la del abogado experto en Derecho Urbanístico de la máxima confianza del Partido Popular, apenas se contempla, pero no está de más señalarla por cuanto podría suponer de extrapolación de las políticas aplicadas en El Puerto de Santa María, donde se ha confeccionado una ordenanza municipal para intentar darle una salida a las Edificaciones Marginales Aisladas (EMA), eufemismo que recoge las 40 urbanizaciones ilegales en el término municipal sobre suelos urbanos no consolidados.
Esa ordenanza conlleva aportaciones de las asociaciones portuenses que pretendían aplicar otra ordenanza similar de la localidad sevillana de Carmona para llevar los servicios a esas zonas, aunque el grueso de tal ordenanza fue rechazada por el gobierno del Partido Popular en El Puerto. El PVRE, en su caso, sí pretente una aminoración sustancial de las sanciones limitándolas a lo que ellos consideran “razonable”. Sobre todo con contraposición con las sanciones que en la actualidad consideran “desproporcionadas” y que a afectan a más de dos mil vecinos.
La gerente que cobra más en toda la provincia de Cádiz
Arancha Montero Zabala se puede considerar como una profesional de primera fila, sólo ateniendo la calificación al hecho de que un cargo como el que ocupa lo haya mantenido con tres gobiernos distintos y que su salida sea debida a la disolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que no a falta de excelencia profesional.
Su llegada a Chiclana tuvo lugar tras las elecciones de 2007 procedente de la localidad de San Roque, a donde volverá para seguir ocupando su plaza una vez que se disuelva la Gerencia o sea despedida, y su mentor fue el ex concejal de Izquierda Unida Juan Pedro Butrón, delegado de Urbanismo con el cuatripartito que dejó fuera de la Alcaldía al socialista José María Román.
Montero, no obstante, contaba con otro valedor de importancia en la formación de izquierdas antes del desastre de 2008 -y aquí se da otra conexión con El Puerto de Santa María, aunque de signo radicalmente diferente a la bala en la recámara que tiene el bipartito actual con su reemplazo-, como es Ignacio Ostúa, que fue concejal y portavoz de Izquierda Unida en Chiclana en el mandato 1995-1999, cuando José de Mier le pasó el cargo a Manuel Jiménez Barrios.
La mano de Ostúa
Ignacio Ostúa es funcionario en El Puerto de Santa María, aunque durante el cuatripartito trabajó como personal de confianza de Nadine Fernández, la concejala de Izquierda Unida que propició la explosión incontrolada del pacto PP-IU-PA-PSA del anterior mandato corporativo y que representaba las tesis -y órdenes- de la formación de izquierdas para devolver el poder al PSOE.
Ostúa sigue manteniendo un bien ganado prestigio de coherencia política en el aparato de la coalición, al que también pertenecen los actuales concejales de IU en el Ayuntamiento de Chiclana, que podría haber influido en las decisiones de Izquierda Unida que han terminado con el pacto PP-PVRE cuando se especulaba que ya existía un pacto contra el PP.
Todo ello, además, cuando un cambio de postura de Ana Rodríguez y sus compañero de partido, arropado por el aparato oficial, hubiera sacado de ‘apuros’ a la actual portavoz municipal de la coalición que se cuenta entre los muchos cargos públicos de IU que no van a ver reconocidos sus méritos electorales con un puesto institucional a nivel provincial propiciado por el pacto autonómico entre el PSOE e IU.
Gente de mérito
Volviendo a la gerente de Urbanismo e independientemente de sus reconocidos méritos profesionales, es indudable que su valía le viene de familia, habida cuenta de que es hermana de un histórico y exitoso abogado de la izquierda abertzale, Txema Montero Zabala, licenciado en Derecho y Sociología en la Universidad de Deusto y abogado de los colegios de Bizkaia y Madrid.
Txema Montero dirigió el proceso de legalización de Herri Batasuna y fue elegido diputado al Parlamento Europeo por la formación abertzale en los comicios de 1987 y 1989. En 1992 fue expulsado de Herri Batasuna tras defender en un artículo de prensa la participación estable en las instituciones de autogobierno y la disolución de ETA.
En el caso de esos indudables méritos de la actual gerente de Urbanismo -que está gozando de un mes de vacaciones, por lo que la decisión se demorará hasta finalizar el periodo vacacional si los responsables municipales se atienen a las mínimas reglas de cortesía laboral y no se espera a la disolución de la Gerencia de Urbanismo- tuvieron que ser valorados al vuelo por los antiguos concejales de Izquierda Unida durante el primer y efímero mandato de Ernesto Marín.
La mejor pagada
Basta decir que Montero estuvo considerada en la época de Juan Pedro Butrón como uno de los cargos técnicos mejor pagados de Andalucía, tomando como baremo el sueldo del presidente de la Junta de aquellos tiempos, Manuel Chaves.
La gerente de Urbanismo llegó a Chiclana con un sueldo de 106.200 euros anuales. En un ranquin que se publicó sobre los sueldos de cargos políticos y técnicos a nivel andaluz y limitándolo a la provincia de Cádiz, Montero estaba la primera de la lista, seguida por el gerente de la Empresa Municipal de Fomento Impulsa, de El Puerto, que cobraba 84.500 euros anuales, más que el propio alcalde, Enrique Moresco y que Chaves.
Con el cambio de Gobierno, Montero Zabala se vio obligada a renegociar su sueldo, quedándose en los alrededor de 90.000 euros anuales que cobra en la actualidad
