El pasado martes 29 de mayo, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, cogía un avión con destino a Londres. Su viaje tenía un objetivo diplomático y político muy claro: Gibraltar.
Tres meses antes, la intervención inesperada de la Royal Gibraltar Police bloqueando la actividad pesquera de los campogibraltareños en aguas próximas al Peñón había desatado un conflicto que, en las últimas semanas, se había enrarecido, con episodios de especial tensión vivida en aguas de la Bahía entre cuerpos policiales de uno y otro lado de la Verja.
El conflicto, que había sido asumido desde la posición férrea de cada uno de los partidos que conforman el Gobierno de España y Gibraltar, había empezado a irse de las manos, y los ministros de los dos estados soberanos implicados en el mismo se vieron obligados a comparecer públicamente, transmitiendo un mensaje de llamamiento a la serenidad y al acuerdo a nivel “local”.
A estas alturas, el conflicto ya tenía la suficiente entidad, y los incidentes sucedidos en las últimas semanas habían desatado un problema en la Bahía de Algeciras que estaba dando dolores de cabeza a los gobiernos de España y Reino Unido.
Pero en su origen, todo fue mucho más doméstico, más “local”. Kaelan Joyce, conocido ex boxeador de Gibraltar, actualmente técnico informático, salió a pescar el pasado 11 de marzo, como muchas otras veces había hecho, a la costa oeste del Peñón.
Cuando se encontraba en su bote, dos pesqueros de La Línea se acercaron a la zona en la que él se encontraba, y echaron las redes en un punto muy próximo al bote de Joyce. El ex boxeador se indignó y regresó a puerto de inmediato.
Kaelan Joyce puso entonces en práctica una estrategia que derivaría en todo un conflicto internacional. El gibraltareño esgrimió como baza una de las promesas electorales de la coalición de los socialistas laboralistas y los liberales (GSLP/GLP), el partido del ahora ministro principal, Fabian Picardo.
Picardo se había comprometido a anular el acuerdo pesquero que Peter Caruana firmó en 1999 con los pescadores campogibraltareños para establecer un estatus quo que permitiera la actividad a una distancia superior a 225 metros de la línea de costa del Peñón.
La formación laboralista-liberal entendía ya en sus proclamas electorales que dicho acuerdo pesquero suponía una “infamia”, por cuanto vulneraba la ley medioambiental de Gibraltar de 1991, que protegía de la pesca agresiva el fondo marino de las aguas próximas al Peñón.
Kaelan Joyce, aún al albor de la reciente victoria electoral de Picardo, llegó indignado al puerto de Gibraltar e inició una campaña para la aplicación de la ley. El ex boxeador llamó, en primera instancia, a la Policía.
Sin embargo, la promesa electoral no se había adoptado de forma férrea por el Gobierno de Picardo. De hecho, la Royal Gibraltar Police no tenía instrucciones expresas de aplicarla, como lo demuestra la negativa que el cuerpo policial dio en primera instancia a la llamada de Kaelan Joyce, asegurándole que los pescadores linenses no estaban haciendo nada que fuera ilegal.
Joyce, sin embargo, no se rindió, e inició una campaña constante, con escritos y llamadas a la Policía, a la prensa, y al propio Gobierno de Gibraltar donde encontraría la respuesta del ministro de Medio Ambiente, John Cortés.
John Cortés
John Cortés, de 55 años de edad, ha dedicado prácticamente toda su vida al medio ambiente. Estudió Botánica y Zoología en Londres y Oxford e inició desde entonces una intensa actividad ecologista en el Peñón, donde ha defendido la naturaleza desde el activismo reivindicativo.
Desde 1976, es el secretario general de la Sociedad de Ornitología e Historia Natural de Gibraltar, una posición desde la que ha ejercido numerosas acciones, algunas de ellas muy duras, para la defensa del medio ambiente.
Una de ellas le llevó a ser en 1991 uno de los inspiradores de la ley local que prohibía la pesca a tres millas de la costa del Peñón, una zona donde tradicionalmente han faenado los pescadores de Algeciras y La Línea.
Dicha ley nunca se aplicó, hasta 1999, con el apresamiento del Piraña. Los acontecimientos que se vivieron entonces en la Bahía, con el sector pesquero en pie de guerra, bloqueando la frontera, hizo que las partes se sentaran y firmaran un acuerdo que establecía la distancia de 225 metros para lograr un estatus quo.
En la campaña electoral del GSLP/GLP, Cortés se encargó muy mucho de introducir, como una de sus promesas electorales, la ruptura del acuerdo de 1999 y la aplicación de la ley de 1991.
Sin embargo, ya como ministro de Medio Ambiente, ni siquiera la postura de John Cortés había sido tan beligerante. Y prueba de ello fue la respuesta que Kaelan Joyce se encontró a su denuncia del pasado 11 de marzo.
Los agentes de la Royal Gibraltar Police que atendieron su llamada se vieron indecisos, y tuvieron que hacer una consulta a sus superiores, que les indicaron que los pescadores objetos de la denuncia no hacía nada ilegal, ya que estaban pescando a una distancia superior a 225 metros, apoyándose, así, en el acuerdo de 1999.
El Ejecutivo de Picardo se había afanado en defender la ruptura de dicho acuerdo, sin embargo, tres meses después de su llegada a Convent Place, no parecía que estuviera claro que fueran a aplicar la promesa electoral de forma contundente.
Kaelan Joyce señala en su muro de Facebook el 12 de marzo, un día después de su “incidente” con los pescadores: “El señor Cortés me dice que el acuerdo de pesca con España de 1999 se va a anular. Sin embargo, la Royal Gibraltar Police no revelará información sobre el tema, ¿por qué?”.
Conflicto
La insistencia del ex boxeador daría finalmente sus frutos, y en los días siguientes, la Policía gibraltareña comenzó a bloquear a los pescadores campogibraltareños, indicándoles la prohibición de faenar en aguas próximas al Peñón.
Cuando el conflicto estalló en la opinión pública, como consecuencia de la denuncia del alcalde de Algeciras y diputado, José Ignacio Landaluce (que llegó a embarcarse con los pescadores), la postura de Gibraltar parecía aún indefinida. De hecho, en la reunión que las partes mantuvieron el 21 de marzo, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, señaló que la actuación que la Royal Gibraltar Police hubiera llevado a cabo en este ámbito no dependía del Ejecutivo del Peñón, que “no tiene poderes para dar instrucciones sobre operaciones de este tipo”.
En las semanas siguientes, las negociaciones fueron enquistándose, y el conflicto que había desatado la campaña iniciada por un conocido gibraltareño, aficionado a la pesca, acabaría convirtiéndose en el actual despropósito, con enfrentamientos en el mar entre la Royal Gibraltar Police y la Guardia Civil, con tres meses de inactividad de los pescadores campogibraltareños en la zona y con un enfrentamiento político aún abierto.
El ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo viajó a principios de esta semana a Londres, por primera vez desde que estallara el conflicto. El mensaje que trajo de Reino Unido era claro: el conflicto, que se había originado de forma doméstica y desencadenantes “locales”, debería solucionarse por la misma vía, la del ámbito local.
Compensaciones
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, aseguró el viernes que se hará una valoración de las pérdidas que hayan sufrido los pescadores de La Línea y de Algeciras que no pueden faenar debido al conflicto con Gibraltar y posteriormente se estudiarán posibles compensaciones.
Crespo mostró su disposición para ayudar a los pescadores afectados, un día después de que el PSOE de Cádiz solicitase al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente “que se implique, bien otorgando directamente estas compensaciones o bien negociando ayudas con la UE”.
Gibraltar ha iniciado un conflicto que “no ha sido muy coherente” pero que ya va “a menos”, mantuvo la delegada del Gobierno en Andalucía. En ese sentido, valoró la reunión que mantendrán próximamente los pescadores y las autoridades gibraltareñas para dar una salida dialogada a la situación.
El conflicto pesquero desatado en las aguas próximas a Gibraltar está dejando en una situación precaria a los pescadores de Algeciras y La Línea, que, tras tres meses sin poder faenar, cuentan que sus familias están pasando ya necesidades, incluso yendo a servicios sociales para comer.
La situación en la que se encuentran los pescadores españoles en la Bahía de Algeciras se está agravando cada vez más como consecuencia del conflicto pesquero suscitado el pasado mes de marzo cuando las autoridades gibraltareñas comenzaron a impedir que trabajaran en esa zona, que les ha dado de comer durante años.
Según reconoció el patrón mayor de la cofradía de La Línea, Leoncio Fernández, “el 90% de las familias que viven de esto están pasando necesidades”, tras una situación que, según sus cálculos, ha hecho perder al sector alrededor de 80.000 euros.
Esto está llevando a las más de 200 familias afectadas a situaciones económicamente delicadas. “Yo, como patrón mayor, te digo que estoy pasando necesidad. Mi familia está yendo a Cáritas.
Esto es una vergüenza. Vamos a llegar a una situación peor que en los años treinta”, señala Leoncio Fernández. La situación es generalizada, y desde la cofradía de pescadores de Algeciras también lamentan la situación, que les hace buscar otros caladeros en los últimos días para poder obtener ganancias.
