La Fiscalía de Sevilla ha solicitado siete meses de cárcel para un hombre acusado de ejecutar un vertedero ilegal en una finca de Alcalá de Guadaíra, ubicada junto al canal del Bajo Guadalquivir, donde almacenó y quemó residuos peligrosos como tejados de uralita, baterías de coche o latas de pintura.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía de Medio Ambiente relata que el acusado, M.A.M., "sin contar con la autorización" del propietario de esta finca ubicada en el paraje conocido como 'Cortijo San José de Maestre', desde 2006 acotó en dicha finca mediante vallas una zona de unos 3.000 metros cuadrados.
En ese lugar, "y sin contar con ninguna cualificación profesional ni con ninguna licencia o autorización administrativa que le autorizara para ello", el imputado estableció un vertedero de residuos "que carecía de cualquier medida de seguridad" de las establecidas para estas instalaciones, a lo que se suma que "no cumplía ninguno" de los requisitos exigidos por el Real Decreto para el tratamiento y eliminación de residuos.
Agentes de Medio Ambiente realizaron una serie de inspecciones entre los días 17 y 19 de noviembre de 2009 y pudieron comprobar que la cantidad de residuos almacenados por el acusado en la zona acotada alcanzaba los dos metros de altura, y que incluso había procedido a su quema sin la adopción de ninguna medida de seguridad.
Así, entre los restos depositados se encontraban, junto a residuos no peligrosos, otros "muchos" clasificados como peligrosos, entre ellos tejados de uralita, los cuales contienen amianto, de manera que se trata de un material "tóxico" y "carcinógeno", ya que "entraña riesgos graves, agudos o crónicos para la salud de las personas, e incluso la muerte", y al mismo tiempo "puede producir cáncer".
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
En este vertedero ilegal también había baterías de vehículos, "material con componentes --plomo-- clasificados como tóxicos y corrosivos, pudiendo destruir tejidos vivos al entrar en contacto con ellos", así como latas de pintura con disolventes, "material nocivo al poder entrañar riesgos de gravedad limitada para la salud de las personas".
También fueron hallados envases vacíos de productos peligrosos y clasificados como nocivos e inflamables, añade el fiscal, que acusa al imputado de un delito contra el medio ambiente por el que le pide siete meses de cárcel y el pago de una multa de 2.160 euros.
De igual modo, solicita que se inhabilite al procesado para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con el transporte, almacenamiento y tratamiento de residuos durante el tiempo de la condena. En concepto de responsabilidad civil, deberá asumir el coste de reposición del terreno ocupado a su estado original en la cuantía que pericialmente se determine en la sentencia, indemnizando a tal efecto al propietario de la finca.