La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, ha lamentado que "los pequeños ayuntamientos de la provincia están financiando a la Diputación", una administración que ha "abandonado por completo su papel de prestadora de servicios a los municipios, especialmente a los de una menor población y, por tanto, de una menor capacidad económico-financiera".
En un comunicado, García ha manifestado que, en consecuencia, los municipios más pequeños están sufriendo "una desconocida reducción de los servicios que venían recibiendo históricamente", al tiempo que se ven "obligados a asumir compromisos económicos que venía afrontando la Corporación provincial y de los que actualmente se ha desentendido".
Esta situación es "mucho más sangrante" si se tiene en cuenta la "doble vara de medir" de la que, a su juicio, hace gala el gobierno provincial del PP, que al mismo tiempo "trata de manera inexplicablemente favorable al Ayuntamiento de Jerez, de su mismo color político, y que por su dimensión no figuraría dentro de sus competencias a tenor de la Ley de Bases de Régimen Local".
García se ha referido expresamente al caso de Jerez para ilustrar de esta "peculiar" forma de actuar del gobierno de José Loaiza y del PP, porque "mientras prima al Ayuntamiento matriz mucho más allá de lo que debería ser aceptable, sitúa a las pedanías jerezanas al borde mismo de la asfixia".
En este sentido, asegura la portavoz socialista que el gobierno de José Loaiza "ha intentado durante unos meses modular su mensaje y disimular sus auténticas intenciones. Pero su estrategia no ha dado resultado y desgraciadamente ha vuelto a lo que ya anunció en su discurso de investidura: el abandono de cualquier actuación que no figurase estrictamente entre las competencias de la Diputación, independientemente de las situaciones de desprotección social o de pérdida de derechos que se generen como consecuencia de esa actitud".
Por todo ello, concluye que el gobierno provincial del PP "ha perdido todos sus complejos y únicamente se guía por un criterio economicista que impera sobre cualquier consideración social, dejando abandonados a su suerte a la sociedad civil y a los pequeños municipios que siempre habían encontrado en la Diputación a su principal aliada para su desarrollo y para la calidad de vida de sus vecinos y vecinas".