El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga ha quedado clausurado después de que en las últimas semanas hayan sido trasladados los catorce internos que permanecían en sus dependencias a otras instalaciones de las mismas características.
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Málaga han informado hoy a Efe de que ayer por la tarde se produjo el traslado de los últimos tres internos, y han precisado que los catorce extranjeros que se encontraban en el CIE de Málaga han sido derivados a Algeciras (Cádiz) y a Madrid.
También han precisado que el inmueble en el que se encontraba el CIE malagueño permanecerán las dependencias de unidades policiales y de sindicatos que tienen allí su sede.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, afirmó el pasado 12 de junio que el cierre del CIE se debía a que sus instalaciones "no permitían que ni los internos ni los funcionarios tuvieran unas condiciones dignas de habitabilidad"
Hernández Mollar subrayó entonces que la clausura del centro es "una decisión responsable" que "demuestra la sensibilidad del Gobierno hacia este asunto".
La resolución fue adoptada "a la vista de la situación de la infraestructura del propio centro y de los informes que han remitido la Delegación del Gobierno, la propia Subdelegación, la Comisaría provincial, las autoridades judiciales y fiscales, el Defensor del Pueblo y las asociaciones y ONG que se han pronunciado sobre este asunto", según el subdelegado.
Además, apuntó que el cierre también se produce en función de la filosofía del nuevo Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los centros de internamiento, que ahora van a pasar a denominarse Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE), y cuyo anteproyecto ya se encuentra en el Congreso de los Diputados para su aprobación.
La filosofía de este nuevo anteproyecto presenta distintas novedades, como por ejemplo separar a los internos con antecedentes del resto de internos y contratar los servicios que se prestarán de asistencia sanitaria y social.
Asimismo, los funcionarios policiales separarán sus funciones policiales de las que son propias de los que son acogidos en los centros.