Sentado en su mesa del Despacho Oval, Obama firmó además otras dos órdenes que prohíben la tortura y los malos tratos durante los interrogatorios y el encarcelamiento de los presos, y establecen un grupo de trabajo que elabore recomendaciones sobre el asunto.
Una cuarta orden se refiere de manera específica al caso de Ali al Marri, de origen qatarí y el único “combatiente enemigo” retenido en suelo estadounidense.
Obama ha ordenado una revisión de su caso para determinar si este prisionero tiene derecho a presentar una demanda para exigir su libertad, una posibilidad que los tribunales de Estados Unidos han abierto a los presos del campo de detención de Guantánamo.
En declaraciones al firmar las órdenes, el presidente afirmó que con ellas “Estados Unidos tiene como intención proseguir la lucha actual contra el terrorismo”, y que lo hará “de manera vigilante, efectiva y de acuerdo con nuestros valores y nuestros ideales”.
“Estamos decididos a ganar esta lucha, y ganarla en nuestros términos”, aseguró.
Al firmar la orden para el cierre de la prisión de Guantánamo, declaró que con ello no sólo cumple un compromiso que hizo durante la campaña, sino también un concepto que data de la fundación de EEUU, “que estamos dispuestos a respetar unos ciertos parámetros de conducta; no sólo cuando es fácil, sino también cuando es duro”.
El plazo para el cierre del centro de detención es de un año, durante el cual “estableceremos un proceso” para determinar cómo mejor proceder a su clausura.
La firma de las órdenes se produjo después de una reunión del mandatario con militares en la reserva con los que analizó la situación en esa cárcel.
El consejero legal de la Casa Blanca, Greg Craig, había informado el miércoles a algunos miembros del Congreso sobre esas órdenes.
Tan sólo horas después de su investidura, el martes, Obama pidió a los jueces militares en Guantánamo la suspensión durante 120 días de los procesos contra los presos detenidos en esa cárcel, en la actualidad unos 250.
La detención prolongada de supuestos terroristas y su permanencia sin juicio, aislados, en esa base naval, y sometidos en algunos casos a métodos de interrogatorio que pueden ser considerados como tortura, han sido durante años objeto de críticas de los aliados de Washington y de denuncias de los grupos defensores de los derechos humanos.
Muchos de los detenidos actuales permanecen desde el 2002, año en que se creó el centro de detención, sin que se les haya presentado cargos o se haya fijado una fecha para su juicio.