El recibo de la luz ha subido en España un 81,4 % en sólo diez años, y se ha situado en una media de 34,85 euros mensuales más que en 2002, según un análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción, que acusa a los sucesivos gobiernos de "plegarse" a los intereses de las eléctricas.
La organización de consumidores ha señalado hoy en un comunicado que la liberalización eléctrica, iniciada a finales de los 90 e impulsada mediante una directiva europea en 2003, se presentó a los usuarios con el argumento de que provocaría importantes bajadas tarifarias, algo que, en opinión de FACUA, supone "una gran mentira".
FACUA está desarrollando una campaña sobre las "desproporcionadas e injustas" subidas del precio de la luz bajo el lema "Di a Rajoy que rechazas el tarifazo eléctrico", en la que se incluye un manifiesto dirigido al presidente del Gobierno que los usuarios pueden suscribir en la web facua.org/contraeltarifazo.
Con la última subida aprobada por el Gobierno, vigente desde el 1 de julio, el usuario medio abonará 77,68 euros al mes (impuestos indirectos incluidos), lo que representa un 4,3 % más de lo que pagaba en abril, según explica FACUA.
En 2002, el usuario medio pagaba 42,83 euros al mes (impuestos incluidos) por el recibo de la luz; en abril de 2007, la cifra ascendía a 48,59 euros, y si en diez años el recibo se ha encarecido en un 81,4 %, sólo en los últimos cinco la subida fue del 59,9 %.
El recibo de la luz representa hoy 34,85 euros mensuales más que en 2002 (418,20 más al año) y 29,09 euros al mes (349,08 al año) por encima de lo que se pagaba a mediados de 2007.
FACUA critica que el Gobierno del PP desarrolla una política tarifaria similar a la del Ejecutivo socialista, con subidas "desproporcionadas" que representan ataques injustificados a la economía de las familias, siguiendo el dictado de las compañías eléctricas.
Además, destaca que multitud de familias pueden sufrir otro recorte de derechos, ya que el Gobierno pretende reducir sustancialmente el número de usuarios que puedan acogerse a la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR).
Esto obligaría a las que superen una determinada potencia contratada a acudir a las ofertas del mercado libre, donde las grandes eléctricas son un oligopolio que no compite en tarifas, generalmente más caras que la TUR, según la asociación de consumidores.