La Fiscalía de Medio Ambiente del Campo de Gibraltar ha ampliado a once el número de imputados por presunta prevaricación como consecuencia de las diligencias abiertas en el caso relacionado con la licencia urbanística del Club Hípico Botafuegos.
En concreto, dicha ampliación de diligencias afecta a los ex concejales Francisco Calvo y Gabriel Orihuela, como miembros del consejo de gestión de la Gerencia; a Ana Núñez de Cossío y Olga Muñoz, por haber intervenido en todos los actos; y al propio constructor, José Galán, por entender el fiscal que coopera en la prevaricación.
El procedimiento judicial parte de 2007, cuando se imputó al ex alcalde Patricio González, por ser quien firmó la licencia de construcción del club hípico en 2002 sin informe jurídico y sin que se declarara de utilidad pública.
Ello motivó la denuncia del grupo ecologista Agaden, que fue por un doble sentido: la denuncia penal y la que pedía que se revisara de oficio la licencia. El Ayuntamiento tuvo que hacer, de hecho, esa revisión de oficio porque el dictamen del consejo consultivo vino diciendo que esa licencia era ilegal.
Como consecuencia de estas diligencias se imputó también al entonces delegado de Urbanismo, José Ortega; y al ingeniero municipal, José Álvarez.
Posteriormente, el proceso judicial entró en una segunda fase, en la que el constructor edificó las pistas de pádel, la zona de deportes y los gimnasios. Para esta segunda fase no se había dado licencia expresa por parte del Ayuntamiento, sino que el constructor, en 2004, pidió un informe de viabilidad urbanística y, amparándose en dicha información, no vinculable, la puso en marcha.
Luego, pidió la legalización, a la que el Ayuntamiento no le contestó y eso se dio como silencio administrativo negativo.
La presunta prevaricación viene dada porque se dio la primera licencia en suelo no urbanizable y también por el informe de viabilidad, con la salvedad de que se trata de una mera información urbanística.
Este hecho, no obstante, ha provocado la ampliación de diligencias que, meses atrás, se extendió a los técnicos Diego Vázquez y Pedro Lechuga, que ya prestaron declaración. Así mismo, se ha vuelto a imputar al ex edil José Ortega, al que se excluyó del procedimiento, por intervenir en el informe de viabilidad, aunque no ha sido llamado a declarar.
Sí que lo hicieron el pasado jueves en la sala número 3 de instrucción los ex ediles Francisco Calvo y Gabriel Orihuela, por intervenir en el informe de viabilidad; las técnicos Ana Núñez de Cossío y Olga Muñoz; y el constructor, José Galán.
Este defendió ayer la legalidad de sus actuaciones, aclarando que pidió permiso para la construcción a la Confederación Hidrográfica del Sur, y significando que “¿por qué no alegaron que no se podía construir cuando salió a exposición pública, sino seis años después?”.
