El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha estampado este sábado su firma para la entrada en vigor de la ley que endurece el control de la financiación internacional a los grupos pro derechos civiles que operan en el país, quienes han criticado duramente la medida del Gobierno ruso, que consideran un ataque contra sus libertades.
La legislación, aprobada el pasado mes de julio por la cámara alta del Parlamento, obliga a todas las ONG involucradas en "actividades políticas" que se registren en el Ministerio de Justicia como "agentes extrajeros" y presenten un informe de sus actividades cada trimestre.
Para la oposición, el presidente ruso intenta silenciar a los grupos que critican su gestión en el ámbito de los Derechos Humanos y que contribuyeron a alimentar las largas protestas contra su estrategia para mantenerse en el poder, bien en calidad de primer ministro de presidente.
Nada más aprobarse la ley en el Parlamento ruso, el Departamento de Estado de EEUU expresó su "profunda preocupación" por la ley a través de una declaración calificada por Moscú como una "grave interferencia" en sus asuntos internos.
