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Jueves 14/11/2024
 
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Sevilla

La Fiscalía pide tres años de cárcel para una madre por secuestrar a su hijo

Tras perder su custodia

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La Fiscalía de Sevilla ha solicitado tres años y ocho meses de cárcel para una madre divorciada que secuestró durante varios meses a su hijo menor de edad, a quien se llevó fuera de la provincia, tras perder la custodia y ser ésta dada por orden judicial al padre del pequeño, sobre el que pesa una condena de nueve meses de prisión por maltratar a su expareja y madre del niño. Además, pide tres años de prisión para el abuelo materno del pequeño por haber "ayudado" a su hija.

   En este sentido, hay que recordar que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla retiró a esta mujer la custodia de su hijo menor de edad para dársela al progenitor, tras todo lo cual la madre se fue con el pequeño, siendo localizada y detenida en otra provincia por un presunto delito de sustracción de menores.

   En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público dice que, por medio de una sentencia de 2008, se atribuyó a la madre la guarda y custodia del único hijo del matrimonio, que en esa fecha tenía tres años de edad, mientras que se concedió un régimen de visitas a favor del padre de fines de semana alternos y tardes del martes y jueves.

   No obstante, la mujer "ha intentado limitar la relación" del progenitor con el padre, "queriendo imponer por diversas razones un régimen de visitas estricto en el punto de encuentro familiar", aunque su petición fue desestimada en 2009 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Multas coercitivas

   Posteriormente, el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 acordó que las visitas del padre se desarrollaran en el punto de encuentro, lugar donde se han efectuado las mismas hasta mayo de 2010, cuando la imputada solicitó al Juzgado la suspensión del régimen de visitas.

   Dicha solicitud fue desestimada tomando como base informes del equipo psico-social "favorables sobre la relación padre-hijo y sobre la actitud de la madre y su entorno familiar de negar la figura del padre", resolución a pesar de la cual la acusada "informa al punto de encuentro y en sucesivas visitas que no llevará al menor, con justificación médica en algunos casos y sin motivo la mayoría de las veces".

   De este modo, "desoyó los requerimientos y apercibimientos reiterados" realizados por el Juzgado, que le impuso incluso multas coercitivas, tras lo que, finalmente, el juez ordenó deducir testimonio por un delito de desobediencia contra la acusada y acordó atribuir la custodia del pequeño al padre.

El papel del abuelo

   Así, requirió a la procesada para que entregara al menor el 22 de marzo de 2011, pero la mujer "no compareció en el Juzgado" sin alegar causa alguna que le imposibilitara hacerlo y "resultando infructuosas las gestiones realizadas por la Policía para su localización". Tras ello, el padre de la acusada informó a la Policía de que su hija se había marchado de la ciudad con el menor, "desconociendo su paradero".

   Durante todo este tiempo, el abuelo "ha ayudado a su hija, tanto económicamente como acudiendo a citas médicas de pediatría del menor sin el mismo o al punto de encuentro para justificar la ausencia del niño por motivos de salud o prescripción médica, conociendo en todo momento el paradero de su hija y las resoluciones judiciales incumplidas".   

   Por estos hechos, la Fiscalía pide para la madre y el abuelo del pequeño tres años de cárcel y cuatro de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad por un delito de sustracción de menores, mientras que para la acusada también solicita ocho meses de prisión por un delito de desobediencia.

   De igual modo, la Fiscalía, en otro escrito de acusación consultado por Europa Press, pide para la madre del pequeño el pago de una multa de 1.080 euros por un delito de abandono de familia, todo ello después de no cumplir supuestamente con lo acordado por el Juzgado, que le obligó por medio de un auto a dar 250 euros como pensión de alimentos y sostenimientos de las cargas del matrimonio. La acusada "no ha cumplido con tal obligación, teniendo capacidad económica para ello".

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