El Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla ha abierto diligencias previas a cuenta de una denuncia que avisa de "indicios" de fraude, prevaricación, financiación ilegal y tráfico de influencias a cuenta del intento de incluir a 31 'intrusos' en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera. Este ERE, como se recordará, contemplaba inicialmente 150 despidos, aunque el número final de puestos de empleo a extinguir se redujo a 119 al censurar la Inspección de Trabajo la inclusión de 31 empleados que ya habían causado baja en la empresa.
'Vinnell-Brown ant Root Spain' (VBR), adjudicataria de los servicios civiles de esta base cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España, impulsó en 2010 un ERE "por causas organizativas" para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos a los servicios de mantenimiento. Tras la correspondiente negociación durante el periodo de consultas, el 24 de noviembre de 2010, la compañía y el comité de empresa aprobaron un acta final que reducía a 150 el número de empleos a destruir.
La autorización de este expediente de regulación de empleo, emitida el 9 de diciembre de 2010 por la delegada provincial de la Consejería de Empleo, Aurora Cosano, reflejaba que dicho departamento había solicitado previamente a la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social diversos informes en cuanto a este procedimiento.
En uno de estos informes, la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social señalaba que "examinados los contratos de trabajo y contrastadas las altas y las bajas, se ha detectado que 31 empleados causaron baja en la empresa con anterioridad al acuerdo suscrito". Tal "irregularidad", según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, constituía "un indicio racional de fraude".
No obstante, la autorización del ERE recogía, merced a los informes de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social, que el 1 de diciembre de 2010, la compañía y el comité de empresa habían ratificado el acuerdo contenido en el acta final pero "solicitando la exclusión del listado de contratos a extinguir los correspondientes a los trabajadores que ya no prestaban servicios a fecha del 23 de noviembre", lo que reducía a 119 el número de empleados acogidos al procedimiento.
El expediente de regulación de empleo en cuestión fue anulado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Sevilla como consecuencia de las acciones judiciales de dos de las trabajadoras afectadas por el procedimiento. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido recientemente una sentencia que revoca este fallo, devolviendo así la validez al expediente de regulación de empleo.
Pues bien, el Juzgado de Instrucción número 15 investiga actualmente una denuncia formulada por varios extrabajadores de la base aérea de Morón que entienden que todos estos hechos sugieren "indicios" de fraude en el caso de las partes firmantes del ERE, prevaricación por parte de la delegada provincial de la Consejería de Empleo y "financiación ilegal y tráfico de influencias" por parte del alcalde de Alcalá de Guadaíra y senador, el socialista Antonio Gutiérrez Limones, y la comisión ejecutiva de la agrupación socialista de dicho municipio.
La denuncia, recogida por Europa Press, atribuye al alcalde de Alcalá el papel de "mediador en la sombra" en la negociación de este ERE al haber participado en "reuniones" con 'VBR', el comité de empresa y diversas instituciones "sin que se conozca quién le designa como tal". En paralelo, la denuncia avisa de que el concejal socialista de Alcalá de Guadaíra Francisco García Jiménez "renunció a sus cargos" y se reincorporó a 'VBR', donde gozaba de una excedencia, el 13 de septiembre de 2010, "una semana después de que fuese elaborada la lista (de trabajadores afectados por el ERE) y dos semanas antes de que se solicitara el expediente de regulación de empleo".
Según la denuncia, García Jiménez habría percibido una indemnización por despido de aproximadamente 180.000 euros y no figuraba en el listado inicial de trabajadores afectados por este ERE. De cualquier modo, la denuncia se remonta al 24 de noviembre de 2010, cuando la compañía y el comité de empresa aprobaron un acta final para extinguir 150 puestos de empleo a través del procedimiento en cuestión. Porque tras alegar la sección sindical de USO "la existencia de ciertos trabajadores no vinculados a la empresa pero incluidos en la lista de contratos a extinguir", las partes habrían manifestado ante la Inspección de Trabajo que tal extremo derivaba de la "exigencia" de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en cuanto a "un número mínimo de contratos a extinguir" y la idea de "minimizar el impacto real del ERE sobre la plantilla".
El 1 de diciembre de 2010, la compañía y el comité de empresa entregaron a las autoridades laborales un nuevo listado que excluía del ERE a "31 trabajadores que no pertenecían a la empresa", toda vez que al día siguiente, un "informe final" de la Inspección de Trabajo constata la "irregularidad" de estos 31 casos, avisa de "un indicio racional de fraude" y propone a la autoridad laboral la "remisión" del asunto a la Justicia "para recabar su nulidad" al haber sido "viciado el contenido del acuerdo". No obstante, el 9 de diciembre de 2010, la delegada provincial de la Consejería de Empleo autorizó el ERE con un total de 119 afectados "obviando" las determinaciones de la Inspección de Trabajo, como señala la denuncia.
"No existe error involuntario que provocara la inclusión de estos 31 'intrusos' en la lista, sino que estamos hablando de una decisión consciente de la empresa avalada por los firmantes del acuerdo (...) para engañar a la contratista, en este caso la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que exigía el despido de 150 trabajadores", resume la denuncia sobre la "decisión tomada por las partes de incluir 'intrusos' en la lista final del ERE".
Argumenta la denuncia, finalmente, las circunstancias de las víctimas del ERE, como es el caso de un miembro de UGT que cumplía la edad de jubilación al mes siguiente y que cobró una indemnización de cerca de 123.000 euros, un hermano del citado concejal socialista miembro además de UGT, otro miembro de UGT padre de un dirigente de la ejecutiva del PSOE de Alcalá de Guadaíra, el presidente de tal agrupación y su hermano, --que sólo afrontaba cuatro años hasta su jubilación--, un exconcejal del PSOE de Morón o incluso el caso de Juan Michi, secretario general de la agrupación socialista de Pino Montano al que le restaban cuatro años para la jubilación y que habría cobrado una indemnización por despido de aproximadamente 134.000 euros, siempre según la denuncia.
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, de su lado, ha manifestado a Europa Press que el alcalde nunca "negoció" el citado ERE y que, como en otros conflictos laborales, se limitó a "mediar" para evitar que ciudadanos de Alcalá de Guadaíra se viesen afectados, citando en ese sentido el papel del alcalde en conflictos laborales como el de ROCA o 'Vidriera Rovira'.