La Fiscalía de Sevilla ha solicitado la inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años y el pago de una multa de 6.480 euros para la exalcaldesa de Algámitas Virtudes Cabello (PSOE) por un presunto delito contra la ordenación del territorio después de otorgar licencia provisional de obras para la construcción de cuatro viviendas cuando éstas ya habían sido edificadas en suelo no urbanizable de la localidad.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público relata que la propietaria del paraje conocido como 'Las Hazuelas', ubicado en la carretera SE-9224 del municipio, solicitó al Ayuntamiento la recalificación del suelo, que era no urbanizable, con el objetivo de llevar a cabo en el lugar un proyecto de complejo turístico.
Asimismo, y con anterioridad a 2005, se alzaron cuatro viviendas en el paraje, "siendo el suelo no urbanizable y careciendo en consecuencia de la preceptiva licencia en el momento de su construcción", aunque no se ha iniciado un procedimiento penal contra la promotora debido a la prescripción de la infracción penal.
El 19 de febrero de 2005, la arquitecto municipal, a petición de la Alcaldía, hizo una inspección ocular y comprobó la realidad de las cuatro viviendas y, tras ello, emitió un informe en el que "constató la ausencia de licencia", por lo que informó desfavorablemente de su concesión.
A pesar de dicho informe, la entonces alcaldesa de Algámitas otorgó licencia provisional de obras para las cuatro viviendas "ya conclusas" en su edificación, todo ello "con el fin de normalizar la situación al margen de la legalidad urbanística y a pesar del informe desfavorable de la arquitecto municipal, obviando totalmente la calificación del suelo como no urbanizable".
Posteriormente, en concreto el 13 de agosto de 2005, el Ayuntamiento, "con la acusada como alcaldesa", adoptó un acuerdo en el que "se comprometía a incorporar al PGOU la ordenación pormenorizada de la Hacienda 'Las Hazuelas', calificando el suelo con el uso global --residencial de baja densidad-- y otorgándole la clasificación que en su caso pudiera proceder en cada momento de tramitación del PGOU, en función del grado de urbanización y cumplimiento de deberes urbanísticos".
La Fiscalía considera que la acusada es culpable de un delito contra la ordenación del territorio y pide que sea inhabilitada durante ocho años para ejercer empleo o cargo público y el pago de una multa de 12 euros diarios durante 18 meses, así como el abono de las costas judiciales.