El ministro de Finanzas de Túnez, Houcine Dimassi, ha anunciado este viernes su decisión de dimitir del Gobierno interino por "la pérdida del control de las finanzas públicas" y la falta de consultas y coordinación entre los miembros del Ejecutivo.
Dimassi ha señalado además a la existencia de reacciones contradictorias a las políticas monetarias, el proyecto de ley sobre integración laboral e indemnizaciones para las personas que se beneficiaron de la amnistía general tras la salida del poder del expresidente Zine el Abidine ben Alí --que supusieron "gastos extra"-- y las "circunstancias injustas y arbitrarias" del despido del exgobernador del Banco Central de Túnez Mustafá Kamel Nabli.
"Creía, y sigo creyendo, que mi mayor responsabilidad como miembro del Gobierno era intentar evitar todo aquello que pudiera desestabilizar las finanzas públicas y hacer vulnerable al país a las tormentas de una sobrecarga del endeudamiento", ha valorado a través de un comunicado, enviado a la agencia estatal de noticias, TAP.
"Sin embargo, cuando el tiempo fue pasando quedó claro que la división entre la mayoría del Ejecutivo y yo en cuanto a la política monetaria era cada vez más amplia", ha añadido Dimassi. En este sentido, ha dicho que, en el momento más apropiado para materializar las peticiones de la población durante la revolución, la situación se salió de control con el objetivo de hacer promesas electorales de cara a los comicios legislativos, lo que aumentó los gastos "hasta niveles insostenibles".
Dimassi ha especificado que el proyecto de ley sobre indemnizaciones, recientemente enviado al Ejecutivo, representa un "grave exceso" y que supondrá un gasto adicional importante debido al número de beneficiarios y a las altas compensaciones que se contempla pagar.
"Promulgar esta legislación estará en total contradicción con la difícil situación económica y financiera que el país ha de atravesar los próximos años", ha argumentado.
Además, ha dicho que se debió aprovechar para prestar más atención a las clases sociales vulnerables y fortalecer su capacidad de compra, crear mayor número de puestos de trabajos productivos y desarrollar las regiones del interior.
Dimassi es el segundo alto cargo del Gobierno interino que presenta su dimisión, después de la salida de Mohammed Abbou del cargo de viceprimer ministro para la Reforma Administrativa por "falta de recursos para hacer frente a la corrupción".
DIFERENCIAS PREVIAS
Dimassi ya había sufrido diferencias con el resto del Ejecutivo en los últimos meses, disensos que los medios tunecinos han achacado a sus vínculos con la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), la organización sindical más importante del país.
A finales de junio, Dimassi criticó públicamente la decisión del Ejecutivo de extraditar a Libia al último primer ministro de Muamar Gadafi, Al Baghdadi al Mahmudi, una decisión que fue tildada de "ilegítima" por el propio presidente del país, Moncef Marzuki.
La extradición provocó disenso dentro del Gobierno de Túnez, ya que Marzuki se oponía a que se hiciera efectiva hasta la celebración de elecciones en el país vecino --el 7 de julio-- para intentar que se garantizara la integridad física del detenido. Sin embargo, el primer ministro, Hamadi Jebali, autorizó su traslado a Libia, lo que hizo que el portavoz de la Presidencia tunecina, Adnen Manser, anunciara que Marzuki podría estar planteándose abandonar el cargo como respuesta.
Asimismo, las críticas del Dimassi al despido de Nabli llegan en un momento de tensión en el país, ya que su sucesor al frente del Banco Central del país, Chedli Ayari, fue electo tras un día de duros debates en torno a su papel en el Gobierno de Ben Alí.
Ayari, de 79 años de edad, es un académico tunecino en Ciencias Económicas de la Sorbona que sirvió como ministro en el Gobierno del expresidente Habib Burguiba y que fue miembro de la Oficina Nacional de Asesores bajo el mandato de Ben Alí hasta poco después del inicio de la revolución popular que derrocó al exmandatario.
La elección desató una ola de críticas en las redes sociales, donde se recordó la pertenencia de Ayari a la Agrupación Constitucional Democrática (RCD), de Ben Alí. Sin embargo, en la sesión de la Asamblea Constituyente en la que fue elegido las críticas fueron más feroces, y algunos parlamentarios recordaron que Ayari defendió varias leyes destinadas a oprimir a los disidentes políticos.