El comité de empresa de Sevilla Global ha advertido al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), que "tanto la disolución de Sevilla Global como todos y cada uno del medio centenar de despidos que se ha propuesto ejecutar serán declarados nulos de peno derecho por los tribunales del Justicia" y añade además que todo el proceso de disolución podría costar al contribuyente entre cinco y ocho millones de euros.
En un comunicado, califica de "esperpéntico" liquidar la Agencia de Promoción Económica y Empleo de la ciudad en medio de la "mayor crisis económica" y lamenta que Zoido se quiera "dar tanta prisa en destruir 50 puestos de trabajo" en esta agencia y sea "incapaz" de impulsar nuevos proyectos para crear empleo.
Además, critica el "sufrimiento alegre e innecesario" que Zoido está "empeñado en generar en Sevilla Global" y ve "penoso" que en un momento en el que todas las grandes ciudades europeas y españolas están trabajando en la elaboración de planes de desarrollo sostenibles susceptibles de financiarse con los nuevos Fondos Estructurales programados para el periodo 2014-2020, Sevilla "trabaje en la liquidación de su Agencia de Promoción Económica y en el despido de su plantilla, perdiendo así un tiempo precioso e importantes oportunidades de financiación de proyectos estratégicos para la ciudad".
Asimismo, señala que el presupuesto que dedica el Ayuntamiento de Sevilla a Sevilla Global es apenas el 0,4 por ciento del presupuesto municipal, "un porcentaje irrisorio comparado con el que dedican a sus agencias de desarrollo la inmensa mayoría de ciudades españolas y europeas", mientras critica que el PP "dispara los gastos en asesores", indicando que en el último año se ha ordenado la contratación de diversos servicios de asesoramiento jurídico y financiero, "muchos de ellos duplicados y por adjudicaciones directas, por importe total de 152.342 euros".
"Con la llegada de Zoido a la Alcaldía el gasto en asesores en Sevilla Global se ha multiplicado por cinco, mientras que las pérdidas operativas de la entidad en 2011 fueron de 68.413 euros, menos de la mitad de ese gasto en asesoramiento legal", agrega.