La jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha ordenado investigar, debido a su "enriquecimiento sospechoso", el patrimonio del que fuera asesor del Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, imputado dentro de las diligencias abiertas por la presunta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a la compañía filial de Sando 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', que se alzó con la adjudicación a pesar de que en el concurso público concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga.
En un auto dictado el pasado 31 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza instructora pone de manifiesto que, "dentro de las diligencias de investigación que se vienen practicando por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han tenido conocimiento del enriquecimiento sospechoso" de Domingo Enrique Castaño debido "al elevado gasto realizado" por el imputado "en un periodo reducido de tiempo".
De esta manera, la magistrada concluye que "procede profundizar sobre la investigación patrimonial" de Castaño "y de su entorno", todo ello "por si pudiera haberse debido dicho enriquecimiento al pago de algún tipo de comisión ilegal, ya sea dineraria o en especie", y a fin de "confirmar o descartar la comisión de otros delitos distintos de los hasta ahora investigados".
TAMBIÉN INVESTIGA A SU PAREJA
Por este motivo, la jueza Mercedes Alaya ordena a la UCO de la Guardia Civil, en concreto al Grupo de Delitos Urbanísticos, "profundizar" en la investigación patrimonial de Domingo Enrique Castaño y de su pareja, A.M.V.S., mientras que también libra una serie de mandamientos a distintas instituciones para que aporten información sobre ambos.
En este sentido, solicita a la Asociación Española de Banca, a la Confederación Española de Cajas de Ahorros y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito que "den instrucciones a sus asociados" para que "de forma directa" faciliten a la UCO información de ambos sobre cuentas bancarias, depósitos, valores, acciones, deuda pública, cajas de seguridad u otros activos financieros, "y sobre cualquier otra que hubieran tenido, aunque en la actualidad se encuentren canceladas", ya sea como titulares o autorizados.
Asimismo, ordena que se identifique al resto de intervinientes que figuren en dichos productos bancarios, "ya sean como titulares, autorizados o de cualquier otra forma", así como que entreguen "extracto de todos los productos anteriores desde el 1 de enero de 2005 hasta la actualidad".
CONTRATOS DE SEGUROS CON COBERTURA DE FALLECIMIENTO
Al Departamento Jurídico del Banco de España le pide que informe sobre declaraciones de préstamos y créditos exteriores, compensaciones de cobros, pagos exteriores y créditos comerciales extranjeros, así como de cuentas abiertas en el exterior y cuentas bancarias de no residentes, cobros, pagos y transferencias entre residentes y no residentes.
En el auto consultado por Europa Press, la magistrada llega a pedir al Registro General de Actos de Última Voluntad de la Dirección General de Registros y del Notariado --Ministerio de Justicia-- que expida certificado de contratos de seguros con cobertura de fallecimiento tanto de Castaño como de su pareja.
Dentro de esta causa figuran, en calidad de imputados, el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA); los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán; el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce; el exresponsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y exasesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño; el presidente del grupo constructor Sando, José Luis Sánchez Domínguez, o el economista José Antonio Ripollés.
IMPUTADOS
También están imputados en esta línea de investigación la que fuera en la fecha de los hechos directora del Área Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo; el vicepresidente y consejero delegado corporativo de Sando, Luis Sánchez Manzano; el vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales, y el que fuera vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva de la sociedad mixta Mercasevilla Jorge Piñero.
Asimismo, permanecen imputados la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante; la que era ese momento subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Emilia Barrial Chamizo, y el que fuera en la fecha de los hechos aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera.
