El Partido Popular de Jerez afirma que la política de recortes que está llevando a cabo el gobierno del bipartito andaluz PSOE-IU puede acabar con la asistencia jurídica gratuita.
El motivo -según denuncian los populares- es la asfixia económica, vía impagos y recortes retributivos, a los 225 abogados y procuradores que prestan servicios en el Turno de Oficio en Jerez.
Según el PP, el gobierno andaluz comunicó a finales de julio a los Colegios Profesionales que culmina una Orden para eliminar los baremo de retribución, por lo que se prevé incrementar los servicios, pero reducir las compensaciones hasta un 18 por ciento.
Los populares explican que la Junta aprovechó el mes de agosto para imponer su criterio, intentando evitar que los profesionales pudieran acceder al trámite de audiencia.
Para el PP, "son argucias del consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, para imponer a los abogados y procuradores que prestan Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita en el Turno de Oficio y en el Turno de Guardia, una serie de modificaciones en las retribuciones que supondrían prácticamente el desmantelamiento de estos servicios".
"Concretamente, la Junta elaboró esta Orden a finales de julio y la trasladó a los profesionales a tres días hábiles del inicio del periodo de inactividad del mes de agosto", exponen.
En este sentido, el PP destaca que el plazo que ha dado la Junta para evaluar el informe es de siete días, algo que vulnera la normativa recogida en la Ley 6/2006 de 24 de octubre, que establece con claridad que el plazo no debe ser inferior a quince días, lo que, a juicio de los populares, provoca la nulidad de la Orden.
El PP explica, asimismo, que esta reducción retributiva, que en algunos casos llega al 18 por ciento –el 10 por ciento de recorte directo más el 8 por ciento consecuencia de la no actualización del IPC en los últimos años-, se ha planteado "sin haber saldado la deuda que la Junta mantiene con los Colegios de Abogados y profesionales que prestan estos servicios, ya que aun deben el 50% de los gastos de infraestructuras de 2011, el 50% del Cuarto Trimestre del pasado año, así como tampoco se ha liquidado ningún servicio correspondiente al ejercicio de 2012".
Por último, el PP considera irresponsable que, en lugar de buscar otros mecanismos de contención y corrección del gasto, ese incremento de servicios lo asuman sólo los profesionales que los prestan, en lugar de asumirlos la Administración obligada a prestarlos.