Enrique Pérez Viguera es desde enero de este año el nuevo representante del Gobierno de Mariano Rajoy en la provincia onubense. Es funcionario de carrera y licenciado, condiciones indispensables para ocupar el cargo. Anteriormente, ejerció como Inspector de Trabajo en Cáceres y en Huelva entre los años 1970 y 1996, así como de director provincial de Trabajo en el primero Gobierno de José María Aznar. Ya en 1999 entró a formar parte del Ayuntamiento de Huelva en la lista del alcalde Pedro Rodríguez.
Es la cara visible en Huelva de un Gobierno en horas bajas. Sin embargo, Pérez Viguera defiende la gestión del ejecutivo de Rajoy e insiste en que el ciudadano y el empleo son la prioridad de el Gobierno que representa. En estas líneas hace balance de su gestión.
En enero llegó a la Subdelegación. Después de diez meses, ¿qué balance hace?
–Desde el punto de vista personal, muy satisfactorio. Para un funcionario como yo al final de su carrera administrativa, estar al frente de la Subdelegación es un reto y una satisfacción por la confianza que me ha depositado el Gobierno. Desde el punto de vista del Gobierno, hay una serie de medidas que el ejecutivo de Mariano Rajoy ha venido adoptando desde el 28 de diciembre, que tomó posesión como presidente, y destacan varias. La primera, evidentemente la subida de las pensiones, que afecta en Huelva a cerca de 89.300 pensionistas y que supone una apuesta por lo social. En segundo lugar, un plan de pago a proveedores, con el que se libera una cantidad muy importante para los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Esto ha supuesto un esfuerzo muy importante de 35.000 millones de euros para dar liquidez a los proveedores. En Huelva han sido casi 250 millones para pagar 50.932 facturas de 3.359 proveedores. Y por último, la elaboración de dos presupuestos, los de 2012 en tiempo récord, y la preparación de un proyecto de presupuestos que está presentado en el Congreso de los Diputados para 2013 y que persigue una sola idea, la creación de empleo. Esa es la obsesión del Gobierno y la línea fundamental de las reformas.
Sin embargo, los Presupuestos han recibido bastantes críticas.
–Sí, es evidente, pero yo quiero resaltar, primero, que no es el Presupuesto que hubiera querido elaborar el Gobierno en una circunstancia normal. Es un Presupuesto adaptado a las circunstancias económicas actuales del país, y por eso es un Presupuesto honesto, porque va con la realidad. No es un Presupuesto de cifras, aunque se podía haber optado por anunciar más cosas y luego llevarlo a una ejecución mínima, que es lo que ha pasado con presupuestos anteriores. Por ejemplo, la ejecución de los Presupuestos de 2011 estaba en torno al 39,78%, pero los de 2012 tienen en este momento una ejecución de más del 59%. Eso quiere decir que son unos presupuestos realistas, porque saben lo que se puede gastar. Hay una cifra total de inversión estatal de 62.541.290 euros para la provincia, lo que supone un ajuste de un 9,81% respecto a 2012, pero este ajuste está por debajo de la media de Andalucía (12%) y muy inferior a la media española de ajuste (16%). La inversión per cápita es de casi 120 euros por habitante, pero como digo, son unas cuentas austeras y realistas. Hay un dato muy importante: se mantiene el Plan de Fomento de Empleo Agrario en la misma cifra que 2012. Eso quiere decir que hay una apuesta por la creación de empleo. Otro dato importante es la subida de las pensiones un 1%, y además, el dato fundamental para mí es que el 63,6% del gasto se destina a gasto social.
Se ha criticado mucho la inversión por habitante, una de las más bajas de Andalucía.
–Hay un dato objetivo que no voy a negar: es la segunda cifra más baja de Andalucía, solo por encima de Córdoba, pero enlaza con algo que decía al principio, son unos presupuestos realistas, hay inversiones de mantenimiento de proyectos que tienen que salir pero que en estos momentos no es posible desarrollar. Insisto en el grado de ejecución presupuestaria, no vale poner cifras enormes para luego no ejecutarlo. Son unos presupuestos austeros pero realistas, sabemos lo que podemos gastar, y lo vamos a gastar.
Hablemos de trenes. Hay una diferencia de criterios sobre las cifras para el AVE.
–Se contempla una partida de 120.000 euros, que corresponde a la zona de Sevilla, pero que viene a continuar la elaboración de los proyectos de los tramos de vías del AVE. Y para el año 2014 existe una previsión de 1,45 millones en tramos también correspondientes a la provincia de Sevilla. Se trata de un proyecto prioritario para el Ministerio de Fomento, que lo ha incluido en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y hay que recordar que en el año 2010 el Gobierno de Zapatero consignó la cantidad de 21,3 millones y luego no se realizó nada. Respecto a la otra pata de la infraestructura, la estación, hay 2,2 millones, lo que pasa es que ahondar en las partidas presupuestarias tiene muchas veces gran dificultad, pero la partida está. Y próximamente va a venir el presidente de Renfe a celebrar una reunión con el alcalde y va a estudiar la posibilidad de ampliar los horarios del tren Alvia mientras llega la infraestructura del AVE.
De trenes a carreteras. El desdoble de la N-435 tiene una consignación mínima.
–No lo voy a negar, la consignación es muy pequeña, pero aquí lo que tenemos que hacer es mirar atrás. Vamos a intentar que la partida se mejore en la negociación presupuestaria en las enmiendas a los presupuestos, pero sin perder de vista la situación de austeridad y contención de gasto que tiene que haber.
En cuanto a la variante de Beas-Trigueros, se trata de un proyecto adjudicado que no aparece en los Presupuestos.
–También habría que ver cómo se adjudicó. Si se adjudica en noviembre de 2011, a punto de cambiar el Gobierno, hay que ver en qué condiciones. Uno de los inconvenientes fundamentales que anotaba la ministra Ana Pastor es el pago de las expropiaciones, y precisamente en estos Presupuestos se consigan cantidades importantes para expropiar terrenos. Muchas veces no basta con adjudicar la obra, sino que hay que dar las condiciones necesarias a los contratistas para que puedan desarrollar la obra, y cuestión básica y fundamental es tener las expropiaciones hechas. El Secretario General de Infraestructuras, cuando estuvo en Huelva en junio, se comprometió a analizar el proyecto y a darle vía libre cuanto antes, pero una vez que estuvieran en condiciones los medios necesarios para que la empresa pueda desarrollar su trabajo.
Entonces, ¿el problema son las expropiaciones?
–Posiblemente. Pero que quede claro que el compromiso existe, es real, y la obra se va desarrollar, porque además lo demanda la necesidad de esa carretera, pero hay que tomar las decisiones con conciencia.
En materia de infraestructuras de agua, las consignaciones son más llamativas.
–Ahí sí que estas infraestructuras suponen una apuesta muy importante por parte del ministro Arias Cañete. En concreto, la Presa de Alcolea, 7,1 millones de euros. Ahora se está procediendo al pago de la expropiación para este proyecto. Es una apuesta por una infraestructura básica, y con una proyección presupuestaria para 2014 de 11,5 millones, para 2015 de 17,4 millones, y de 20,8 millones en 2016. Junto a esto, el Canal de Trigueros, vinculado a la presa para la conducción del agua, y que el próximo año contará con 216.000 euros y proyecciones para años futuros de 569.000 euros en 2014, 481.000 en 2015, y 499.000 en 2016. Otra inversión muy importante está destinada a la Corona Forestal, lo que conocemos como los regadíos del Fresno. En total son 6,5 millones para 2013, y previsiones inversoras para 2014 de 7,9 millones, y casi 2,5 millones para 2015. Y además, 1,5 millones para la Presa del Andévalo en 2013, con previsiones inversoras de 1,95 millones para 2014 y un millón para 2015. Son inversiones en infraestructuras de carácter básico y muy importantes para la provincia, para los regadíos para la fresa...
¿Será 2013 el año de la primera piedra de la Presa de Alcolea?
–Más que primeras piedras, lo que quiero son realidades. Creo que sí, porque hay una apuesta clarísima del Ministerio y de un ministro que conoce perfectamente la provincia y está plenamente sensibilizado con sus necesidades.
Siguiendo con la agricultura, este año parece que la campaña de la fresa llevará el sello nacional en el empleo.
–No quiero adelantar la decisión que va a tomar la Comisión de Flujos Migratorios. Está convocada para el día 16, y en esa comisión hay que decidir el contingente que puede venir. En la fase de plantación ha sido cero porque se ha apostado por la mano obra de los distintos ayuntamientos. Para la fase de recolección, hay que decidirlo ahora, y quiero anotar al respecto que, evidentemente, va a seguir apostándose por la mano de obra local. Hay constituida una comisión de ayuntamientos que tienen trabajadores en paro agrícola y que estará presente en la Comisión de Flujos Migratorios porque quiero que estén presentes para aportar ideas y porque funciona muy bien, ya que los ayuntamientos se comprometen a aportar la mano de obra necesaria, y si no hay suficiente, busco en los ayuntamientos colindantes. Junto a esto, también hay que tener en cuenta la demanda de los empresarios, que piden la garantía de tener los trabajadores necesarios para la recolección. El planteamiento que yo voy a llegar a la Comisión de Flujos Migratorios va a ser de mantenimiento, con tendencia a la baja, del personal que va a venir con contratación en origen.
Cambiando de tercio, es la Subdelegación la responsable de dar el visto a las manifestaciones. La delegada del Gobierno de Madrid ha protagonizado una polémica al proponer que se “module” el derecho de manifestación. ¿Qué opina al respecto?
–Ya el ministro de Interior ha dicho que no se va a modificar la ley en ningún sentido. La delegada del Gobierno de Madrid había planteado una situación que se está dando en la ciudad, y es que hay ciudadanos que, como consecuencia de que todos los días hay una manifestación, no pueden acceder a espacios culturales como el Museo Thyssen o al Paseo de las Delicias... Pero el ministro ha dicho que se va a respetar absolutamente el derecho de manifestación de los ciudadanos, porque es un derecho constitucional y no admite más límites que los estrictamente imprescindibles como consecuencia de hacer posible también el derecho de los ciudadanos a la libre circulación. Sí quiero destacar que cuando la Policía tiene conocimiento de que va a haber una manifestación, la Subdelegación no autoriza, sino que admite o no a trámite, de acuerdo a la ley. Y no es por gusto, sino porque tenemos que preparar la infraestructura necesaria para que los ciudadanos puedan manifestarse, es decir, que cuente con toda la protección policial, y en segundo lugar, supone coordinar modificaciones de determinados servicios básicos, como los autobuses urbanos. Afortunadamente, hasta ahora no ha habido ningún problema en Huelva, y quiero destacar la responsabilidad de los convocantes. En el 99,9% de los casos, hay absoluto y pacífico ejercicio del derecho de manifestación.
Para terminar, ¿qué opina de la mala imagen que tiene la política en España, corroborada por los últimos datos del CIS?
–Desgraciadamente la política está muy denostada en el país, pero creo que sin un análisis a fondo del tema. Los políticos podemos ser un incordio, un estorbo... Pero es cierto que en el caso concreto del Congreso, que ha sido objeto de críticas en los últimos tiempos, están elegidos por el 90% de los ciudadanos. Puede haber otra fórmula, pero lo que no vale es decir que se va a acabar con la Constitución, que se disuelvan las Cortes y que se haga una Constitución nueva. ¿Quién la hace? No obstante, yo creo que es cuestión de aplicarse el cuento de la estadística, ver dónde estamos fallando y tratar de resolverlo, sobre todo pensando en las personas, en atender sus demandas. En la medida en que podamos dar satisfacción a sus demandas, empezaremos a estar menos denostados.
“Las quejas de Ayamonte son demandas con causa”
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son un pilar fundamental del Gobierno, coordinados en la provincia por la Subdelegación del Gobierno. Con la llegada de Pérez Viguera, también ha habido nuevas caras en la Comisaría de la Policía Nacional.
Este año trajo un nuevo comisario, ¿cómo valora su gestión?
–Cuando tomé posesión, el comisario Miguel Rodríguez Durán, con amplio bagaje en Huelva y que había trabajado muy bien con casos particularmente difíciles, como el de la niña Mari Luz, marcha a la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, y llega Antonio Placer. Es un comisario que tomó posesión en el mes de marzo, que tiene 40 años de servicio en el Cuerpo y que, además, desde que llegó aquí ha procurado sumergirse en la idiosincrasia de Huelva y conocer los problemas de las dos demarcaciones, Huelva y Ayamonte. Eso se une a que la plantilla de la Policía Nacional se ha incrementado en 24 agentes, alcanzando una cifra en este momento de 353 policías, que supone una cobertura en torno al 94%. Este importante aumento ha permitido una mayor presencia policial en la calle y en los barrios, una labor de prevención más intensa en materia de seguridad ciudadana y una atención más rápida a las víctimas de hechos delictivos. Y otra cosa importante, la mayor parte de los agentes que se incorporan nuevos, o provienen de la provincia o han estado destinado aquí, por lo que ya no parten de cero y tienen un nivel de profesionalidad magnífico. En este aspecto quiero destacar el trabajo discreto y callado en el caso de los niños Ruth y José. La Policía, a través de dos personas concretas, ha estado semanalmente en contacto con la familia y con Ruth, no solo apoyándola, sino también siguiendo cualquier pista al detalle para el equipo de investigación de Madrid.
Eso en cuanto a Huelva, pero, y ¿Ayamonte?
–La plantilla se ha reforzado con un policía más y tiene 30 funcionarios. Ya ha habido alguna reunión con la CEP (Confederación Española de Policías) para analizar la situación de Ayamonte y el propio comisario, que celebra una reunión trimestral con los sindicatos, se ha comprometido a estudiar las peticiones, porque hay una queja reiterada de falta de medios materiales, sobre todo vehículos e instalaciones.
Piden nueva comisaría.
–Yo prefiero apostar por una mejora en las condiciones de trabajo y luego abordaremos el plano de una comisaría nueva. Hacer un edificio nuevo tiene varios inconvenientes: localización, cesión de terrenos, consignación presupuestaria... Pero sí hay que mejorar las condiciones, porque son demandas con causa, sobre todo en medios de transporte.
Además, esta zona tiene el problema añadido de la entrada de droga a la provincia.
–Hay que tener en cuenta la situación de Huelva, una costa donde hay multiplicidad de puntos por donde puede entrar la droga. En este sentido, la Memoria de la Fiscalía General del Estado anota en 2011 una reducción de delitos con una bajada de las diligencias incoadas del 13,55%, por detrás tan solo de Salamanca. Eso obedece a una labor preventiva muy importante tanto de la Policía como de la Guardia Civil, pero por otro lado hay unas tareas de aprehensión de droga muy importantes.