Las sucesivas denuncias acerca de las condiciones en que se encontraba el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, y su apéndice, el centro de internamiento de Isla de Las Palomas, obligó al Gobierno, en su momento, a reconocer la necesidad de clausurarlo, aunque fuese para sustituirlo por uno más digno.
El primero en apuntar esta necesidad de manera oficial desde el Ejecutivo fue el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien en los últimos meses de 2008 apuntó la necesidad del traslado, y desde entonces se ha puesto en marcha una maquinaria que acabe con el internamiento de los inmigrantes en otro lugar más adecuado.
Pocos meses antes, se había dado a conocer la noticia de la apertura de un expediente a cuatro agentes de la Comisaría local de Algeciras destinados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) a raíz de la emisión de un reportaje de la cadena privada Tele 5, efectuado con cámaras ocultas.
Durante las semanas siguientes al anuncio de Rubalcaba, comenzaron los contactos con el Ayuntamiento de Algeciras de cara a encontrar instalaciones ya existentes que reunieran las condiciones básicas. En aquellos días, sonaron nombres como las instalaciones militares de Punta Camorro, en Tarifa.
Sin embargo, tan sólo tres meses después, el 22 de abril de 2009, el director de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, aseguraba que el ministerio no contemplaba cerrar de forma más o menos inmediata el centro de internamiento en respuesta a una pregunta del diputado nacional del PP José Ignacio Landaluce. Velázquez argumentaba que no se contaba con la parcela necesaria para ese traslado, y que, incluso en el caso de tenerla, la tramitación del proyecto tardaría tres años
El entonces diputado socialista Salvador de la Encina, descartaba también el 23 de octubre de 2009 en una mesa redonda que compartió con el también diputado José Ignacio Landaluce la utilización de una instalación militar en desuso “porque las condiciones para los inmigrantes no serían mucho mejores” y anunciaba unas obras de reforma con actuaciones sobre lavabos, dormitorios y patio del recinto, por una cuantía aproximada de 100.000 euros.
El proceso se alargaba y los avances, en los dos años siguientes, fueron poco significativos. Sin embargo, en los últimos cuatro meses han ido avanzándose informaciones que corroboran la voluntad de los gobiernos local y estatal de llevar a cabo este cometido.
Durante el pasado mes de junio, se hicieron públicas dos informaciones que volvieron a sacar a la palestra el asunto del CIE. Por un lado, el Gobierno detallaba, a preguntas de Izquierda Unida, que los centros de internamientos españoles costaron en 2011 8,3 millones de euros, y que 1,7 de ellos correspondieron a Algeciras -el más caro-, estableciendo la media de estancia de los inmigrantes en 37 días (legalmente, pueden llegar a estar 60). La expulsión de cada extranjero tenía un coste de 1.807 euros.
A finales de ese mes de junio, se clausuraba definitivamente el CIE de Málaga, dando lugar a una nueva campaña en defensa del cierre del de Algeciras.
Dos centros en uno
El 4 de julio de 2012, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, mantenía una reunión de trabajo con el subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la seguridad del Ministerio del Interior, un encuentro en el que ambas partes mostraron su voluntad de dotar de un nuevo CIE a Algeciras.
La opción pasaba, según adelantó Landaluce, por unir el actual CIE de Algeciras con su apéndice de Isla de las Palomas, en Tarifa, en un mismo recinto. “Sería lo lógico, por operatividad. Tenemos policías aquí y allí, y de esta manera los detenidos y agentes estarían en condiciones más dignas”, incidió.
El 23 de julio, agregaba el alcalde, tras una nueva reunión de trabajo con responsables del Ministerio del Interior, que había ofrecido a Interior unos terrenos municipales en la zona de Botafuegos, junto al actual centro penitenciario.
Finalmente, el pasado martes, el concejal de Seguridad y portavoz del PP en Algeciras, Jacinto Muñoz, hacía públicas las gestiones que está llevando a cabo el Gobierno de la Nación para financiar un nuevo CIE en Botafuegos con fondos europeos.
iniciativa parlamentaria
Estas declaraciones de Muñoz se producían el día antes de que Izquierda Unida volviese a solicitar, esta vez a través de una Proposición no de Ley en el Parlamento Andaluz, el cierre definitivo de las instalaciones.
A raíz de este último episodio, se generó una nueva polémica entre el edil y la formación izquierdista, dado que el primero se sorprendía por la celeridad con que IU quería el cierre de las instalaciones. La formación izquierdista daba cuenta de que llevan mucho tiempo pidiendo esta medida, y Juan José Rodríguez atacó a Muñoz afirmando que cuando este “ponía vacunas a animales domésticos, nosotros ya pedíamos el cierre del CIE”. haciendo referencia a la anterior profesión del concejal.
Informes de Fiscalía
La Fiscalía General del Estado repite cada año, dentro de la Memoria Anual que publica habitualmente a mediados del mes de septiembre, sus críticas al estado del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras. De hecho, estos contundentes informes han tenido mucho que ver en las posteriores acciones gubernamentales para paliar estas situaciones, tanto en lo referido a las reformas como al cierre de instalaciones, como ocurriese recientemente con Málaga.
Ya en 2009, Fiscalía daba cuenta de que las instalaciones del CIE algecireño presentaban “un aspecto aparentemente insalubre”, con padres y techos cubiertos de moho”. Al año siguiente, después de las reformas efectuadas, seguía diciendo que este centro tenía la apariencia de “una prisión orientada al castigo y rehabilitación de delincuentes”. Al año siguiente, la Fiscalía hacía hincapié en la sensación de “inseguridad” generada por la presencia de extranjeros “especialmente conflictivos y peligrosos”; y este mismo año, hacía referencias a su masificación y la falta de módulos diferenciados.
Desde que Alfredo Pérez Rubalcaba, siendo ministro del Interior, reconociese la necesidad de trasladar el CIE a otro lugar, varias han sido las opciones que se han barajado para albergar a los inmigrantes.
A principios de enero de 2009, el entonces diputado nacional del PSOE, Salvador de la Encima, avanzaba a EL FARO INFORMACIÓN que las dos instalaciones con las mayores papeletas para ser el nuevo CIE eran las dependencias militares de Punta Vigia y Punta Camorro, esta última en Tarifa. estas opciones se barajaron tras una serie de reuniones con el director de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, Jaime Denis; y el de Interior, Luis Luengo.
Sin embargo, meses después se descartó esta opción por no reunir las condiciones adecuadas para albergar a unos 200 inmigrantes.
En una mesa redonda en la que también participó De la Encina, el también diputado José Ignacio Landaluce, del PP, recomendaba instalarlo en “zonas donde haya aeropuertos y existan unidades de policía especiales” que pudiesen intervenir en caso de motín.
Ya con el PP en e Gobierno de la Nación, se retomaba el debate acerca de la ubicación del nuevo CIE.
En julio de este año, el ya alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce ofrecía terrenos en los aledaños de Centro Penitenciario de Botafuegos, y esta es, por el momento, la ubicación provisional del proyecto.
También se ha abierto el debate acerca de qué hacer con la antigua cárcel de La Piñera una vez se clausure el CIE. Izquierda Unida, junto a varios colectivos vecinales, proponen utilizar el recinto como centro sociocultural que alivie la necesidad de equipamientos para la ciudad.
Protestas
Numerosos colectivos sociales se han opuesto, desde el primer momento, a la existencia de los centros de internamiento de extranjeros. Desde el punto de vista de asociaciones como Algeciras Acoge o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), la comisión de una infracción administrativa por parte de estas personas no justifica su ingreso, por un máximo de 60 días, en unas instalaciones cerradas.
En ocasiones, estos colectivos han llegado a considerar las condiciones en que los inmigrantes se encuentran dentro de los CIEs como peores que las existentes en las prisiones, por el hacinamiento, las malas condiciones de algunos centros, particularmente los de Algeciras y Málaga, o los impedimentos del régimen de visitas.
Por todo ello, estos dos colectivos sociales, acompañados habitualmente de representantes de Izquierda Unida, se han concentrado con cierta periodicidad a las puertas del centro de internamiento de extranjeros de Algeciras para pedir su clausura, y que este cierre se produzca, además, de manera definitiva, sin trasladarlo a otras instalaciones.
Esta última petición se ha trasladado con frecuencia a las sesiones plenarias, tanto a nivel local como regional, y el ejemplo más reciente ha sido la iniciativa parlamentaria planteada este pasado miércoles por la representante izquierdista de Algeciras Inmaculada Nieto.
La implicación de IU con el cierre del recinto ha sido siempre muy elevada. De hecho, en octubre de 2008 se produjo una visita del eurodiputado de la UE Willy Meyer a las instalaciones, en la que estuvo acompañado por la coordinadora local de Algeciras, Inmaculada Nieto, y durante la que tuvieron acceso parcial al recinto.
Aquel día se produjo una fuerte polémica dado que la intención era que entrasen con ellos representantes de las ONGs que habitualmente ejercían su protesta para el cierre de las instalaciones. La negativa de las autoridades a que entrasen generó una nueva protesta en el lugar.
Permiso
No fue hasta abril de 2012, ya en pleno gobierno del Partido Popular, cuando las ONGs ganaron su derecho a ejercer sus funciones sociales dentro de los CIEs, del mismo modo que anteriormente lo habían hecho en los centros penitenciarios.
Según la reforma propuesta a través del secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa Rubio, el ministerio del Interior promovía un cambio de denominación de los centros, ahora llamados de internamiento, y que pasarían a llamarse Centros de Estancia Controlada de Extranjeros.
Con esta reforma, se permite cooperar a las ONG en el trabajo asistencial, quedando para la Policía Nacional en exclusiva la función de control y vigilancia.
De igual modo, Ulloa ,manifestaba que los agentes destinados en los CIE debían recibir una formación específica adicional.
Una de las opciones que se barajaba era que en un anexo al nuevo reglamento figurase un listado de las ONG que tuviesen permiso para colaborar con la Policía Nacional en los centros. Los abogados de los internos seguirán pudiendo acceder a los centros durante las 24 horas del día.
condiciones policiales
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha velado siempre por las condiciones de trabajo de los agentes que ejercen en el CIE algecireño, así como por su compañeros en el apéndice de Las Palomas, en Tarifa. Durante los últimos años, han sido frecuentes las declaraciones públicas en las que denunciaban la falta de agentes, especialmente en verano.
En una ocasión, comunicaron a este diario que en agosto de 2008 los internos no podían ni bajar al patio porque no se daban las mínimas condiciones de seguridad para ello. También era habitual la presencia de agentes de unidades especiales que reforzaban la dotación en ocasiones particulares.
Prueba de estas precarias condiciones han sido tentativas de huida, a veces, dando sus frutos.
Uno de los casos más sonados fue la huida de una veintena de inmigrantes de las instalaciones militares de Era de las Torres, en Algeciras, en octubre de 2007, cuando estas eran utilizadas como complemento del CIE. En 2009, otros 28 argelinos se escaparon del apéndice del CIE en Isla de las Palomas (Tarifa).
