Cobre las Cruces se ha negado a obedecer la resolución dictada por la alcaldesa de Gerena, Margarita Gutiérrez (PSOE), de paralización cautelar de instalaciones del complejo minero en el marco de un expediente en materia de disciplina urbanística, alegando los efectos catastróficos que tal medida podría tener para la provincia de Sevilla en caso de accidente. La enumeración de las consecuencias de un parón imprevisto al complejo minero por cualquier causa reveladas en su escrito por la propia compañía demuestra que su Plan de Contingencias o no contempla ese riesgo o que, simplemente, carece de cualquier eficacia al respecto.
El pasado 19 de octubre, el Ayuntamiento de Gerena notificó a Cobre las Cruces una resolución por la que se adoptaba la - “inaudita”, según la compañía- medida cautelar de suspensión del uso de una serie de edificios e instalaciones del complejo minero en virtud de un expediente administrativo en materia de disciplina urbanística y motivado, presuntamente, por la construcción de edificios al margen del ordenamiento y/o de instalaciones cuyas dimensiones o volúmenes superarían lo autorizado en las correspondientes licencias.
El consejero delegado de Cobre las Cruces, Damien Marantelli, ha respondido a la alcaldesa de Gerena con un escrito en el que tacha su resolución de contraria a Derecho, anuncia recursos de reposición y asume la responsabilidad de desobedecerla para evitar las consecuencias catastróficas que tendría parar las instalaciones.
Plan de Contingencias
Sin embargo, una de las condiciones impuesta por la Administración a la compañía para autorizarle a abrir la mina era la redacción de un Plan de Contingencias ante cualquier riesgo, plan que CLC presentó el 11 de septiembre de 2008.
La carta de Marantelli convierte el Plan de Contingencias en papel mojado al demostrar que la compañía no está preparada para afrontar la paralización imprevista de una serie de instalaciones, ya sea por decisión administrativa, como en este caso, por accidente o por cualquier tipo de catástrofe de gran magnitud.
Según el consejero delegado de CLC, el complejo minero “no se apaga pulsando un interruptor”, sino que es preciso ejecutar múltiples actuaciones que “desde luego requieren -escribe- no sólo de más tiempo, sino también del análisis de las consecuencias que de ello se derivarían”.
Los riesgos de parar
Entre los problemas ecológicos y de seguridad que enumera Marantelli está el hecho de que desactivar la sala eléctrica, la de control, el compresor, caldera, tanque y plantas floculantes sin monitorización ni control alguno dejaría las instalaciones llenas de productos químicos “que -dice- supondrían un tremendo riesgo para el medio ambiente y las personas”.
Otro de los problemas es que las instalaciones quedarían en condiciones totalmente inseguras, pudiendo ocasionarse de manera inmediata incidentes tales como derrames de tanques, fuego e incendios de las instalaciones con solventes, fuego en los equipos electrónicos, explosión de calderas y destrucción de las salas eléctricas.
Contaminación
Áñade que la ejecución de la medida cautelar (de paralización) implicaría la suspensión del uso del sistema contra incendios (alimentado por la sala eléctrica o, en su caso, el generador de emergencia, igualmente clausurados), por lo que cualquier accidente ya no sólo podría ser catastrófico para CLC, sino para la provincia. A mayor abundamiento, la suspensión de la planta y tanque de agua produciría la rotura de bombas por los sellos, pudiendo ocasionar grandes episodios de contaminación y altísimo riesgo en materia de seguridad.
La paralización de la planta de lodos -añade- podría ocasionar vertidos de los mismos a la zona de policía del dominio público hidráulico o el propio arroyo Garnacha (a pocos metros).
Vertidos
Además, la clausura de la balsa Baciet produciría la suspensión de las actividades de bombeo y podría producir la posible inundación de la instalación de estériles de tratamiento, con el perjuicio medioambiental que ello podría causar, así como la afección al dominio público hidráulico (arroyo Garnacha), al igual que ocurriría con la Baciem 1, al que suma riesgo de inundación de la instalación de estériles de minas.
Especialmente gravosa sería, sin duda -dice-, la suspensión de la BAR-4. Mediante esta balsa se realiza la gestión de las aguas de rechazo, por lo que su clausura supondría la paralización inmediata de la planta permanente de tratamiento de aguas, así como del sistema de Drenaje y Reinyección (SDR), ambos, pilares del Plan Global de Gestión de Agua de Cobre las Cruces. La no gestión del agua de contacto supondría la inundación de la corta, asegura.
Precedente medioambiental
El Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla ha procesado a un exdirectivo y a dos directivos de CLC por presuntos delitos de daños continuados y contra el medio ambiente por unas 20 perforaciones no autorizadas en el acuífero Niebla-Posadas, explotado por la compañía.