El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha anunciado que el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2013 apunta a unas montante consolidado de 356,6 millones de euros, lo que supone un aumento del 12,6 por ciento respecto al año anterior, un total de 39,9 millones de euros más que se destinan en un 84 por ciento al pago anticipado de la deuda con los bancos "como marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria", desarrollada por el Gobierno central, una norma que "coarta" a la institución provincial a la hora de elaborar sus cuentas al "priorizar a las entidades financieras por encima de los ciudadanos, las políticas de inversión y de creación de empleo".
Así, la Diputación contará con un montante de 328,1 millones, mientras que el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) dispondrá de 25,6 millones; la entidad de Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo de la provincia (Prodetur), 10,4 millones; Sevilla Activa, 3,7 millones; la Sociedad Provincial de Informática (Inpro), 5,8 millones; y la Casa de la Provincia, 971.000 euros.
En rueda de prensa, junto al diputado de Hacienda, Manuel González Lora, y la directora de Hacienda de la Diputación, Inmaculada Muñoz, Villalobos ha afirmado que, a pesar de este panorama "oscuro", en el que la norma marca como máximo el aumento del 1,7 por ciento del techo de gasto no financiero (3,4 millones) y establece la creación de un fondo de contingencia del dos por ciento (4,1 millones), se han reestructurado los presupuestos primando el empleo y el gasto social, además del mantenimiento de la austeridad. "No puede ser que la Diputación aumente su presupuesto en unos 40 millones y se inviertan 700.000 euros menos que en 2012 porque nos obliguen a amortizar por adelantado", critica, tras añadir que se preveía pagar 33,6 millones de euros a los bancos en 2012, pero que la normativa estatal hace que asciendan a 66,8 millones, lo que llevará a liquidar la deuda total en un par de años.
El presupuesto apuesta por al "austeridad", con un descenso del consumo interno del 2,1 por ciento, estimado en 700.000 euros, y del 1,8 por ciento en el capítulo de personal, ahorrando 2,3 millones; mientras que destinará 175,6 millones a gasto social, lo que supone el 49,2 por ciento de su presupuesto total, con un incremento del 3,2 por ciento (5,7 millones).
Este montante para gasto social se destina al aumento de la atención en la dependencia, con 20 millones (un 54 por ciento más), donde existen casi 2.200 puestos de trabajo; o a las políticas educativas, que pasan de 18 a 18,4 millones, con el mantenimiento de las residencias y la formación, entre otros. En la red de servicios sociales comunitarios, con 1.200 empleos, Diputación mantiene 1,6 millones y la Junta aporta 4,6 millones, mientras que el Estado recorta su aportación en 500.000 euros, "el 45 por ciento del presupuesto que el Gobierno central destinaba".
En cuanto a inversión pública, se marca en 54,1 millones de euros, un 15,2 por ciento del presupuesto, y que supone una reducción del 13,9 por ciento, es decir unos 8,7 millones de euros, de los que "sólo 1,3 millones son de la Diputación, mientras que el resto responde a reducciones como la que hace el Estado en los planes provinciales". Estos 54,1 millones se destinarán 32,3 millones para el Plan de Fomento del Empleo Agrario (Pfoea), que generará unos 660.000 jornales, y 10,5 millones para el apoyo de los desarrollos de los Fondos Feder, además de 7,2 millones para los planes provinciales de empleo, "cuya aportación el Estado ha reducido a cero", y los 12,7 millones para el Plan Director de Bomberos, también aportados íntegramente por la Diputación.
En materia de empleo, suma el desarrollo del Programa Proempleo IV para formar a desempleados, con 1,6 millones; el Programa Especial de Urgencia Municipal (PEUM), que con una aportación de cinco millones para el primer semestre se prevé que cree más de 4.300 contratos para personas desprotegidas, una partida que queda además abierta con posibilidad de que aumente durante el ejercicio. También, apunta al mantenimiento de los monitores deportivos, culturales y de dinamización juvenil, con 100.000 euros más, hasta los 1,6 millones para mantener 455 puestos de trabajo.
AUMENTO DE TRANSFERENCIAS Y UN NUEVO FEAR
Además, anuncia el aumento de las transferencias a los ayuntamientos, con 5,2 millones, un 8,3 por ciento más, y el desarrollo de un nuevo Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR), dotado con 10,8 millones de euros, una cifra que responde a las cuantías que los municipios sevillanos ya han devuelto a la Diputación de ediciones anteriores de este plan y que volverán "de nuevo a apoyar a los municipios". Así, el diputado responsable de Hacienda ha destacado la apuesta de la institución por los ayuntamientos y las Entidades Locales Autónomas (ELA), con una aportación de 162,5 millones de euros por parte de la institución provincial en los últimos cinco años en el desarrollo de programas y planes para los municipios sevillanos
González Lora califica estos presupuestos como "austeros y prudentes", aunque marcados por el agravamiento de la situación de los ciudadanos por la crisis, unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que pone "en duda" y que además "olvidan a Sevilla, colocándola en el puesto 42 de inversión y perdiendo 124 millones.
Además, critica que se obligue a la institución provincial a si ingresa más, tener que enviar ese dinero "directamente" a eliminar la deuda de los bancos por adelantado. "Por encima de los ciudadanos, de las políticas de inversión de empleo, se prima a los bancos, que van por delante de las personas según el Estado", lamenta.
