El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha estado presente esta mañana en la fase práctica del curso de radares que veintisiete policías locales de ocho municipios de Cádiz han realizado en la carretera CA-33, entre Cádiz y San Fernando.
En compañía de la jefa provincial de Tráfico, Piedad Sánchez, han comprobado la pericia en el uso de este dispositivo de control de velocidad de agentes de los municipios gaditanos de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, Arcos de la Frontera, Algeciras, San Roque, Los Barrios y Castellar de la Frontera.
Los veintisiete policías municipales llevaron ayer a cabo la fase teórica del curso de aprendizaje de utilización de los aparatos cinemómetros, en instalaciones de la Jefatura provincial de Tráfico en Cádiz, y hoy han afrontado la fase práctica.
Las pruebas se han efectuado con equipos móviles de la Dirección General de Tráfico (DGT), organismo perteneciente al Ministerio del Interior que, por medio de convenios básicos bilaterales con ayuntamientos, cede a éstos los vehículos con radar para el control de conductas peligrosas, como la velocidad inadecuada.
Este tipo de conductas ilegales muestran una evidente falta de respeto, no sólo a las normas de circulación sino a los demás usuarios de la vía que, pese a respetar las reglas, pueden verse involucrados en accidentes.
Convenios
La DGT mantiene en la actualidad convenios de colaboración con 20 ayuntamientos de la provincia para cesión de equipos de control de velocidad o alcoholemia, intercambio de información para facilitar datos de automóviles y conductores o para simplificar los trámites administrativos relativos a la conducción y a los coches. También hay cooperación para la aplicación de campañas de concienciación y control (velocidad, alcoholemia, cinturón, etc.) o para la participación en campañas de seguridad vial en centros escolares.
Existe también otra línea de concertación entre la Dirección General de Tráfico y los ayuntamientos para permitir la comunicación de datos por parte de las administraciones municipales al Registro Central de Infractores. Esta notificación se realiza por sistema telemático y consiste en anotar las sanciones firmes por infracción de tráfico en vías urbanas, que llevan aparejada la pérdida de puntos del permiso de conducción.
Esta transmisión de datos contribuye a reforzar y dar una eficacia más resolutiva las actuaciones de las Policías Locales en materia de circulación viaria y resulta especialmente útil contra los infractores contumaces. Esta vía acelera notablemente el proceso de sanción, muy especialmente en municipios con gran afluencia de veraneantes.
Javier de Torre ha destacado la “importante labor que prestan los ayuntamientos para ayudar a erradicar conductas peligrosas y procurar así reducir la siniestralidad, especialmente penosa cuando se producen víctimas. La cooperación entre instituciones trae aparejados beneficios para los ciudadanos, a quienes las diferentes administraciones públicas sirven”.