El PSOE adjuntará a una denuncia que presentó semanas atrás ante la Fiscalía Anticorrupción, un informe firmado por la propia alcaldesa, Ángeles Muñoz, y que contradice “de forma clara y manifiesta al interventor y a la liquidación del presupuesto del 2011", en lo que consideran , puede suponer un delito de malversación de caudales públicos.
El pasado 13 de noviembre, el PSOE, en nombre de su portavoz municipal, José Bernal, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que se daba cuenta de que el interventor municipal “no podía acreditar que la reducción del 5 por ciento del sueldo de los trabajadores se hubiera utilizado según los tres supuestos que establece la legislación, es decir, a pagar deuda a largo plazo, a disminuir el déficit, o a inversiones", ha señalado el viceportavoz local de la formación, Ricardo López.
López entiende, además, que puede producirse un presunto delito de malversación de fondos públicos en tanto en cuanto, el propio interventor no acredita, porque no puede hacerlo, que el dinero se haya destinado a la finalidad que la ley prevé”.
En este informe, del que el PSOE ha hecho entrega de copia a los medios de comunicación, la alcaldesa, Angeles Muñoz, afirma que “en la medida en que la liquidación del ejercicio 2010 resultó con remanente de Tesorería positivo, la cuantía citada se consignó en el presupuesto en las partidas correspondientes a las obligaciones a reconocer de las deudas previas a la disolución del Ayuntamiento con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria, las cuales se recogen en la contabilidad del Ayuntamiento como endeudamiento a largo plazo”.
Para López, “esto contradice taxativamente lo que suscribe el interventor”, y según el edil, “si tenemos que elegir entre la palabra de Ángeles Muñoz y la del interventor, sin duda, nos quedamos con la de este último”.
Pero lo más grave, a juicio de López, es que lo suscrito por la alcaldesa “contradice manifiestamente la liquidación del presupuesto del 2011”, ya que ahí se estimaba una partida superior a los 22 millones de euros para el pago de la deuda, al que se suman 300.000 euros mediante una modificación de crédito posterior.
Sin embargo, “en ningún momento nos encontramos con una modificación de 2,6 millones de euros que en teoría deberían haberse sumado a la partida inicial de 22 millones de euros, si como dice la alcaldesa han ido destinados a pagar la deuda”, ha apuntado Ricardo López.