El titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, Fernando Caballero, ha decretado en un auto la liquidación de Noriega, S.L., a petición de la propia empresa, que se ha declarado incapaz de cerrar un acuerdo con sus acreedores, dos años después de haber entrado en concurso voluntario de acreedores.
Según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso, esto supondrá la completa desaparición de esta empresa, al igual que ya ocurre con Urende, ambas del Grupo Sánchez Ramade, y en los dos casos después de que la empresa concursada haya manifestado al citado juzgado la imposibilidad de presentar una propuesta de convenio con sus acreedores.
Esto conllevará, según ha publicado este viernes 'ABC Córdoba', que la que llegó a ser una potente constructora andaluza tenga que vender todos sus activos, valorados en 934 millones, para hacer frente a una deuda reconocida de 1.015,5 millones, para cuyo pago no ha logrado un acuerdo con los acreedores.
Por ello, el Juzgado de lo Mercantil, a petición de Noriega, dictó el auto de apertura de la fase de liquidación de la empresa, de modo que, a partir de ahora, se intentará que, con la venta de todos sus bienes, se haga frente a la mayor parte posible del débito que arrastra.
Los primeros acreedores con derecho a cobrar serán quienes soportan créditos privilegiados, que en este caso suponen 713 millones de euros, que corresponden fundamentalmente a débito hipotecario con la banca, aunque en ese capítulo también hay pagos pendientes a las administraciones.
Los segundos en la escala del derecho a cobrar son los créditos ordinarios, que suman 83,5 millones e incluyen pagos pendientes a proveedores, mientras que los últimos en cobrar serán, si es que la venta de activos da para ello, son quienes cuentan con créditos subordinados, que en este caso soportan una deuda de 214,5 millones, de los que la mayoría corresponden a sociedades del propio Grupo Sánchez Ramade, a las que Noriega debe un total de 206 millones.
Para hacer frente a esos 1.015,5 millones de pasivo, Noriega cuenta con activos (patrimonio, viviendas, promociones, suelo, maquinaria o derechos) valorados en 934 millones, aunque otra cuestión es que se logre dicha cantidad con su venta, a lo largo de un plazo que, según determina la Ley, no debe exceder de un año, si bien no se puede determinar a priori el tiempo real que implicará este proceso, sobre todo en el actual contexto de crisis económica.