La Diputación de Granada considera que existió una posible implicación de la diputada provincial de IU Asunción Pérez Cotarelo en el caso sobre las supuestas irregularidades del anterior equipo de gobierno (PSOE-IU) en la organización en Marruecos de una feria empresarial en Tetuán y una exposición interactiva en Chaouen, en Marruecos, y ha anunciado la presentación de una denuncia independiente contra ella y seis empresarios más en el Decanato de los Juzgados de Granada.
Su anuncio se produce después de que el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, que investiga el asunto, denegara la ampliación de la denuncia por parte de la Diputación, aunque dejando la puerta abierta a la interposición de una denuncia independiente sobre el asunto. De hecho, el auto basaba la denegación, según ha indicado este jueves en rueda de prensa la diputada delegada de Empleo y Desarrollo Provincial, María Merinda Sádaba, "en la no existencia de conexidad entre los hechos que ya se están investigando y los hechos que se incluyen en la ampliación y que, por tanto, deben ser tratados en causas distintas".
Además, la resolución del juez precisaba que esta denegación "en modo alguno" suponía "un pronunciamiento de inadmisión" "quedando, como no podía ser de otra forma, a salvo el derecho del interesado, si a su derecho conviene, a promover denuncia independiente que de lugar, en su caso o si procede, a una causa distinta".
Por ello, la diputada se ha referido a las declaraciones que hizo IU tras conocerse el auto del magistrado, considerando que la formación "se ha precipitado y ha pecado de imprudente, intentando hacer pulcro a quien pudiera estar manchado y vanagloriándose de algo que no es, ni mucho menos, como lo venden", ya que la denegación de la ampliación "no significa que no haya delito".
De hecho, según ha informado, la Fiscalía no se ha opuesto a que se tome declaración en calidad de imputados a los denunciados incluidos en la ampliación, entre ellos la diputada delegada de Cultura en el anterior mandato provincial, Asunción Pérez Cotarelo, hoy portavoz en la Diputación del grupo de Izquierda Unida. "Esto implica que la señora Pérez Cotarelo podría estar imputada en breve una vez que se admita a trámite la denuncia que vamos a interponer", ha remachado Sádaba.
La diputada de Empleo y Desarrollo Provincial ha instado a Izquierda Unida a que "den explicaciones sobre los hechos que se están investigando en vez de confundir a los granadinos", hechos sobre "los que saben mucho pero sobre los que no dan explicaciones, como tampoco las dan desde el PSOE, su socio en el anterior Gobierno de la Diputación".
La investigación sobre este caso se inició de oficio por parte e la Policía Judicial, que vio indicios de delito y emitió informe a la Fiscalía Superior de Andalucía que, observando también indicios de delito, dio paso a la Fiscalía Provincial que, tras detectar también posibles hechos delictivos, lo derivó al Juzgado de Instrucción para que continuara una investigación en la que la Diputación Provincial de Granada se personó como acusación para defender los intereses de la institución y de los ciudadanos de la provincia por la "gravedad" de los delitos que se investigan: malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental.
Tras diversas reclamaciones de pagos de personas que argumentaban que la institución provincial les debía dinero, y cuyos expedientes de contratación no existían, a la par que aparecían una serie de deficiencias que pudieran ser constitutivas de delito, se estimó conveniente la presentación de ampliación de denuncia para que se investigaran también las presuntas irregularidades en relación con este grupo de contrataciones.
Actualmente, existen 14 imputados en la causa abierta entre los que hay empresarios y políticos y familiares de políticos de PSOE e IU como Julio Bernardo, exvicepresidente de la Diputación Provincial, secretario general del Partido Comunista de España en Granada, y miembro del Consejo Provincial de Izquierda Unida; Jorge López, excargo de confianza de IU en la Diputación durante el último mandato de Antonio Martínez Caler (PSOE), que aprobó la plaza de funcionario de la Diputación en el área de la que era director; y la pareja de Francisco Cuenca, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada y delegado de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía cuando ocurrieron los hechos.
María Merinda Sádaba ha salido al paso de las críticas que ha formulado estos grupos políticos, hoy en la oposición en la Diputación, acerca del gasto que en la defensa de los intereses provinciales está haciendo el actual equipo de gobierno, un dinero que es "infinitamente menor que el que podría haberse defraudado en el marco de los proyectos que están siendo investigados judicialmente".
"Desde la Diputación de Granada, queremos que se investigue hasta el último detalle por lo que nos ponemos a disposición de la autoridad judicial para aclarar cuantos hechos sean necesarios sobre lo ocurrido con estos proyectos gestionados por anterior Gobierno de IU y PSOE en la Institución", ha concluido Sádaba, que ha incidido en que "los fondos públicos hay que gestionarlos con rigor, transparencia y aplicando la ley".