El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, y el fiscal jefe, José Antonio Martín-Caro, lamentan que no se cumplen los plazos para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, después de que la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha acordado conceder un año más de plazo a la sociedad adjudicataria del proyecto para la obtención de los recursos necesarios para financiar la obra.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Audiencia ha manifestado que "las obras tenían que estar empezadas y así estaba proyectado", pero "si para empezar las obras, la constructora necesita liquidez, que es a base de préstamos de entidades financieras y éstas no llegan, pues ahí es donde está paralizado".
En este sentido, señala que el proyecto de la Ciudad de la Justicia "es el tema recurrente, porque se lleva muchos años hablando", y en la actualidad, "no se cuáles son los motivos por los que las entidades financieras no dan financiación, si es que carecen de metálico para darlo o no le ofrecen garantías las empresas", algo esto último en lo que no cree porque "hay una garantía de la propia administración que por el sistema público privado paga una sustanciosa renta anual durante 25 años".
De este modo, considera que es "una pena la situación, porque la verdad no es que sea indigno ahora mismo el edifico" de los juzgados y la Audiencia Provincial, pero "sí es cierto que como existen muchas sedes desplazadas, eso crea bastantes problemas tanto a los justiciables como a los profesionales que tienen un peregrinaje de una sede a otra para ejercer sus funciones", como advierte Baena.
No obstante, apunta que "ahora mismo si alguna ventaja hay es que como consecuencia de la crisis no se va a crear ningún órgano, porque si se crearan aquí ya no hay sitio, con lo cual más sedes desplazadas, más gasto en arrendamiento y más peregrinaje", si bien asegura que "el peligro de que aumenten las sedes desplazadas ahora mismo no es inminente, porque no hay previsión".
Al respecto, recuerda que desde el Gobierno "se ha dicho que no hay presupuesto para la creación de órganos judiciales, hasta el punto de que hay dos promociones de la Escuela Judicial que van a salir y al no crearse órganos judiciales se está buscando la forma de encajarlo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".
En cualquier caso, Baena destaca que "el proyecto está todo hecho y lo único que falta es que a la empresa adjudicataria se le de dinero para construir", al tiempo que espera que el próximo año "estén en marcha" las obras, de modo que "las entidades financieras estén en condiciones de poder hacer el préstamo oportuno a las constructoras y pueda ponerse la primera piedra e ir hacia adelante", como argumenta Baena, quien apostilla que "los plazos no se están cumpliendo, eso está claro".
Por su parte, el fiscal jefe ha declarado que "es verdad que no se están cumpliendo los plazos previstos", de hecho agrega que "ya se lleva hablando hace muchos años" sobre el proyecto, aunque "sobre si se está retardando o no, eso está en función de las circunstancias y las actuales son las que son".
Así, Martín-Caro asevera que aunque "es un hecho cierto que no se cumplen los plazos", confía en que la Ciudad de la Justicia esté "lo antes posible", si bien teniendo en cuenta que "la situación del país está como está".
Entretanto, menciona que "la primera vez que se presentó el plano para la Ciudad de la Justicia fue con la alcaldesa Rosa Aguilar y ha pasado tiempo desde entonces, hace años". No obstante, "a partir de ahí, una cosa es lo que se pretende o lo que se quiere hacer y otra cosa diferente es lo que se puede hacer", según razona el fiscal jefe.
EL PROYECTO
La construcción de la Ciudad de la Justicia de Córdoba está previsto que se ejecute bajo la fórmula de colaboración público privada en una parcela de 12.112 metros cuadrados situada en la zona de Arroyo del Moro de la capital.
La concesión de la explotación del inmueble se otorga a la empresa constructora por un máximo de 25 años, tras los cuales la titularidad del edificio revertirá a la Junta de Andalucía. Durante este periodo la Junta abonará a la empresa un alquiler anual por el uso de las instalaciones, que albergarán la totalidad de los órganos judiciales unipersonales de la capital, así como la Audiencia Provincial, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de tener previsto espacio para crecimientos futuros.