Representantes sindicales de los trabajadores del sector de los cítricos que desde este jueves mantienen una huelga en el ámbito territorial del Bajo Guadalquivir --tanto en los municipios cordobeses de Almodóvar del Río, Posadas, Palma del Río y Hornachuelos, como en los sevillanos de Peñaflor y Lora del Río-- tienen previsto trasladar este lunes a la Junta de Andalucía y al Gobierno central las reivindicaciones por las que han iniciado esta protesta, así como protagonizar una manifestación por las calles de Palma del Río.
De esta manera, según ha informado este domingo a Europa Press el representante del sindicato CTA Francisco Moro, los trabajadores mantendrán tres reuniones a lo largo de la mañana de este lunes con personal de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, de la Consejería de la Presidencia y de la Subdelegación del Gobierno, encuentros todos ellos que se llevarán a cabo en la capital cordobesa.
Tras la última de las reuniones, que se desarrollará a partir de las 12,00 horas en la Subdelegación del Gobierno, los sindicalistas tienen previsto ofrecer una rueda de prensa ante la sede de esa institución para informar acerca de los asuntos tratados en esos encuentros, y ya posteriormente, a partir de las 15,30 horas, se sumarán a la manifestación que han convocado para entonces en Palma del Río.
En concreto, según ha apuntado Moro, los trabajadores plantearán a los representantes de la Delegación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba la creación de una bolsa de trabajo supervisada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), los ayuntamientos de cada localidad y una representación de la asamblea de jornaleros de cada municipio para controlar la contratación de mano de obra en el sector de los cítricos, y que así ésta no sea "suplantada por mano de obra barata en fraude de ley".
En este sentido, desde CTA se quejan de que "muchos empresarios del sector suplantan la mano de obra local a través de empresas de trabajo temporal y de corredores y manijeros que actúan como empresas de trabajo temporal ilegales, por mano de obra de países extranjeros, creando en los trabajadores lugareños una legión de parados que obligan a trabajar en condiciones de miseria".
De esta manera, el objetivo de la reunión solicitada este lunes en la Subdelegación del Gobierno será poner en conocimiento de esta administración la existencia de estas "prácticas ilegales" y exigirle que ponga en marcha medidas de "supervisión e inspección" de las contrataciones que terminen con esta situación.
Por lo demás, el representante de CTA ha vuelto a quejarse por el dispositivo que, según ha indicado, la Guardia Civil ha desplegado en algunos de los municipios donde se está desarrollando la huelga, como Palma del Río, donde, según ha aseverado, hay hasta "300 efectivos" de la Benemérita que "impiden" a los piquetes informativos "acercarse" a quienes están acudiendo a trabajar a los almacenes, a los que pretenden repartir octavillas.
En ese sentido, las fuentes consultadas han defendido la labor de estos piquetes frente a las críticas que este sábado vertió contra ellos el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández Mesa, que los tachó de "conminatorios" porque, según señaló, estaban "asustando" a los trabajadores y forzándoles a que se sumaran a la huelga, unas afirmaciones que desde el CTA han rechazado frontalmente.