La Fiscalía Anticorrupción ha acusado al exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz; al presunto cerebro del caso 'Malaya' y exgerente de Planeamiento 2000, Juan Antonio Roca, y a 19 personas más, entre ellas exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) y empresarios, por la operación urbanística en la finca 'El Pinillo', en Marbella, con la que se permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados.
Así, en el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal acusa en general por los delitos de prevaricación, negociación prohibida, alteración de subasta pública, alteración de precios, fraude, estafa, cohecho, contra la ordenación del territorio y falsedad. Entre los acusados, además de Muñoz y Roca, está el que fuera secretario municipal Leopoldo Barrantes y también el exinterventor Juan Antonio Castro, así como seis exconcejales marbellíes.
También hay acusados tres administradores de empresas y supuestos testaferros de Roca --dos de ellos abogados--, que han sido juzgados en el caso 'Malaya'; la hija de Jesús Gil y empresarios que fueron interviniendo en la operación urbanística. Esta causa, instruida en el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, es una de las abiertas por convenios tras una querella presentada por Anticorrupción a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuenta.
A Roca se le acusa de los delitos de cohecho, por el que además de prisión solicita seis millones de euros de multa; estafa, fraude, maquinaciones par alterar el precio del bien inmueble, alteración de subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa. La acusación pública pide en sus conclusiones iniciales, al que ha tenido acceso Europa Press, una pena de 15 años de cárcel.
En lo que respecta al exalcalde marbellí, se le acusa de los delitos de prevaricación administrativa con carácter continuado, alteración de subasta pública, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble finalmente adjudicado, fraude, estafa y prevaricación como miembro de un órgano colegiado. Por esto, el ministerio fiscal solicita inicialmente una pena de 11 años de prisión.
La acusación sostiene que desde que llegó el grupo GIL al poder en Marbella "los acusados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, de forma concertada y con propósito de enriquecimiento injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros", en el caso de Muñoz "desde su posición de alcalde accidental y persona de confianza del regidor para firmar decretos, convenios y escrituras públicas indiscriminadamente".
Se precisa que en el caso de Roca este control se hacía "desde la dirección de la sociedad municipal Planeamiento 2000 y su condición de máximo artífice de la revisión del planeamiento del municipio hasta el mes de marzo de 2006". Su posición, señala el fiscal, le permitía "negociar los términos y aspectos relevantes de convenios urbanísticos y destino del patrimonio del suelo municipal, con margen para negociar con empresarios "en beneficio de éstos o de sí mismo".
En este caso, la acusación sostiene que Roca promovió "la enajenación directa de bienes municipales y aprovechamientos urbanísticos creados con base en la revisión del PGOU, utilizando la figura de la dación en pago de deudas que había promovido previamente, mediante el otorgamiento de escrituras públicas con promotores previamente concertados". Añade que realizó "negocios a la sombra de su posición de dominio" en el urbanismo municipal.
Asimismo, el ministerio público dice en su escrito, de casi 250 folios, que Muñoz "tuteló desde su destino como regidor suplente, firmando los decretos necesarios a tal fin"; mientras que los concejales integrantes de la comisión de Gobierno, también acusados, "ratificaban de manera tan automática, como consciente de su carácter manifiestamente ilegal, produciendo por la vía de hecho un grave perjuicio del patrimonio municipal de Marbella".
LA FINCA
Inicialmente, se llevó a cabo un proceso de expropiación de la finca, que estaba gravada con un crédito hipotecario, para su integración en el Patrimonio Municipal de Suelo, con vistas a hacer un proyecto urbanístico, que entonces no se concretó, pero que luego se refería a un palacio de congresos, se explica. No obstante, cuando tuvieron el título de inscripción, la actuación municipal, dice el fiscal, estuvo "lejos de promover la utilidad pública".
Así, la Fiscalía Anticorrupción indica que Muñoz, "de común acuerdo con Roca", y con la participación del entonces secretario municipal, "tras desapoderar los legítimos titulares de la finca 'El Pinillo', no solo no promovieron la construcción del palacio de congresos que justificó la expropiación de dicha finca, sino que llevaron a cabo actos encaminados a transmitirla a terceros interesados en realizar una promoción inmobiliaria".
Se apunta que esta actuación fue "desde un doble ámbito". Primero, Roca y Gil "actuaban a través de una sociedad de mera pantalla promoviendo sucesivas cesiones del crédito hipotecario que gravaban la finca con vistas a borrar las huellas de su intervención en la adjudicación directa final". Al tiempo, éstos "impulsaban la revisión del PGOU, diseñada por Roca, negociando en su propio interés con los nuevos parámetros urbanísticos de dicho inmueble".
VARIAS OPERACIONES
De hecho, la finca pasó a ser urbanizable, "en claro perjuicio para el propio Ayuntamiento y respecto de sus anteriores propietarios". Posteriormente, el fiscal relata una serie de operaciones "encadenadas" de transmisión del crédito hipotecario "que la gravaba" y en las que Roca participó, según el escrito, como interlocutor del Ayuntamiento, pero también supuestamente a través de empresas, administradas por otros acusados, para adquirir la deuda.
Para la Fiscalía Anticorrupción, Roca, "abusando de su posición de gerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000", a través de sociedades gestionadas o controladas por abogados o testaferros, "realizó actos de tráfico jurídico-mercantil en relación con bienes municipales", en este caso concreto sobre 'El Pinillo', incurriendo con ello en "una prohibición expresa de contratación por funcionario público".
Esta acusación sostiene que este acusado "tenía planeado adquirir dicho crédito y, con él, la propia finca gravada para cederla a un promotor con vistas a su desarrollo urbanístico". Así, una parte de la operación fue "revestida de un desnaturalizado contrato de arras o señal", lo que daba entrada "en la maquinación fraudulenta planeada para adquirir la finca" a sociedades del entorno de un empresario, también acusado.
El escrito del fiscal relata también la preparación de la adjudicación directa de la finca expropiada, que había sido dividida; con actuaciones encaminadas al cambio de titularidad municipal mediante su subasta pública y la posterior denegación del derecho a la reversión, así como la enajenación directa a una sociedad "de mera pantalla" y las diferentes ventas realizadas. Asimismo, se alude a una infravaloración de los terrenos que se cifra en 6,7 millones.