El Juzgado de Posadas (Córdoba) ha citado para tomar declaración, bajo la condición de imputados, a los que fueran anteriores presidente y gerente del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba, Fernando Expósito y Antonio Navarrete, respectivamente, en relación con las obras de ampliación del Parque de Bomberos de La Carlota (Córdoba), al ejecutarse sin haber seguido tramitación administrativa alguna.
Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al procedimiento judicial abierto, el juzgado maleno también ha citado a declarar, e igualmente bajo la condición de imputados, a un técnico y a un empresario.
El Juzgado de Posadas ha abierto diligencias a raíz de la denuncia presentada el pasado año ante la Fiscalía por la Diputación, al tener conocimiento de las supuestas irregularidades, relativas a las obras del parque, que se habrían ejecutado sin que supuestamente se siguieran los procedimientos administrativos preceptivos para la adjudicación de la obra, su ejecución y su consignación presupuestaria, que no llegó a existir.
Sobre esta cuestión han hablado este lunes en rueda de prensa el vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, y el actual presidente del Consorcio de Bomberos, Manuel Gutiérrez, pero sin querer entrar en detalles sobre el procedimiento judicial o los imputados y sin opinar al respecto, si bien, Gutiérrez ha precisado que, más allá de la actuación judicial, la regularización de las obras del Parque de Bomberos dependen ahora de su "recepción completa", lo cual requiere su encaje en el planeamiento urbanístico del municipio por el Ayuntamiento de La Carlota.
Por otro lado, Gutiérrez y Fuentes han anunciado que la Diputación ha presentado un escrito ante la Agencia Tributaria para que ésta no sancione a la institución provincial, con unos dos millones de euros, incluidos los recargos, por no haber abonado en tiempo y forma las preceptivas cuotas de IRPF de los bomberos del Consorcio, cuestión ésta de la que, según Fuentes y Gutiérrez, no debería considerarse responsable a la Diputación como institución, sino a quienes gestionaron "ese despropósito contable", una vez que los haya señalado como responsables de ello el Tribunal de Cuentas y, en su caso, el juzgado correspondiente.